Opinión
Los centros de datos se cuelan en las elecciones

Por David Bollero
Periodista
Hace unas semanas escribía acerca de cómo la Junta de Andalucía prioriza la llegada de inversión asociada a la construcción de centros de datos frente a la depredación de los recursos que este tipo de instalaciones comete. El PP andaluz no es una excepción, en otras regiones como Madrid o Aragón también están dispuestos a entregarse a esta visión cortoplacista de esquilmar el entorno por un puñado de euros. Al otro lado del Atlántico, los conservadores comienzan a echar pestes de estos centros de datos, hasta el punto de que van camino de tener un peso inesperado en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.
La sensibilidad de los estadounidenses respecto a los centros de datos está cambiando. El pasado mes de junio, una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 64% no valora positivamente construirlos a un ritmo tan acelerado. Detrás de esta creciente oposición no se encuentran las consecuencias de estas instalaciones en el medio ambiente o el reciente temor sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) que se ejecuta en estos centros. Es el precio de la electricidad lo que más mueve a un 77% de los encuestados a rechazar los centros de datos. El consumo desmesurado de energía por parte de estas infraestructuras, sumado a la escalada incesante del precio de la energía, impacta directamente en el recibo de la luz. La encuesta revela que dos tercios de los demócratas y la mitad de los republicanos se opondrían a la instalación de un centro de datos en su comunidad.
Este estado de la opinión pública tiene sus efectos en las filas republicanas, máxime considerado que las elecciones de medio mandato están a la vuelta de la esquina. Este verano, el Washington Post publicaba un reportaje en el que ya se comenzaba a evidenciar el giro republicano en contra de los centros de datos. Para ello analizó 4.300 publicaciones en redes sociales y boletines entre julio de 2024 y agosto de 2026. En este análisis, el medio se topó con curiosos cambios de opinión, como el caso del ultraconservador Jon Husted, senador por Ohio.
A pesar de haberse encumbrado como un acérrimo defensor de los centros de datos porque “son esenciales para nuestra vida digital”, a medida que los sondeos ponen a los republicanos contra las cuerdas para el próximo mes de noviembre, Husted va recogiendo velas. Tanto es así que ya ha presentado un proyecto de ley el Senado con el que asegura querer proteger el bolsillo de los estadounidenses de los proyectos de nuevos centros de datos.
El artículo del Washington Post terminó siendo un escaparate de republicanos desdiciéndose para alinearse con lo que llevan tiempo denunciando desde la bancada demócrata y, más concretamente, desde los sectores más de izquierdas. Es un claro caso de apropiación de una bandera, algo que, tanto en sentido literal como figurado, se ha convertido en una costumbre para los sectores más conservadores.
Tanto es así que incluso el candidato republicano por Wisconsin, Tom Tiffany, ahora se atreve a acusar a su oponente demócrata David Crowley de ser demasiado blando con los centros de datos… y eso que Crowley apuesta por endurecer la regulación y someter a la participación ciudadana si este tipo de infraestructuras se levantan o no en una ciudad.
El comité republicano ya ha identificado que la polémica por los centros de datos puede arrebatarles muchos votos en unas elecciones como las de medio mandato, que están muy reñidas, considerándolo un lastre que puede hundirlos. Así las cosas, no hay nada como el patadón para adelante: el candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, recientemente ha puesto encima de la mesa una moratoria de un año para la construcción de nuevos centros de datos… y asunto arreglado de cara a las elecciones de noviembre.
¿A qué se debe este giro radical de la derecha política? No es que por fin se hayan informado de las amenazas que acarrean los centros de datos o que hayan dejado de ser negacionistas del cambio climático; sencillamente, les va en ello el voto. La radio pública NPR también ha informado recientemente del creciente foco que se está poniendo en los centros de datos en esta campaña. Según informa, se han gastado más de 45 millones de dólares en anuncios que mencionan los centros de datos en las elecciones a gobernador, a la Cámara de Representantes y al Senado de este año.
Es la respuesta a que la mayor parte de las encuestas revelan que mayoritariamente los estadounidenses están en contra de estas instalaciones. Bien es cierto que son los mismos que no están dispuestos a renunciar al uso masivo de la IA hasta para reservar un almuerzo y que esta IA requiere de esos centros de datos pero ¿qué le importa eso al político? Ya lo resolverá (o no) cuando se haya aferrado al sillón.
Aunque todavía quedan fervientes defensores de los centros de datos en las filas republicanas, un artículo de este mismo mes de The New York Times ha puesto el punto de mira en Texas, donde los conservadores también recogen cable ante lo que se les avecina en noviembre. Texas no es un estado cualquiera; después de Virginia es el que alberga mayor cantidad de este tipo de instalaciones en EEUU. Su gobernador, el republicano Greg Abbott es el artífice de este fenómeno pues, según detalla The New York Times, la mitad de la nueva capacidad de centros de datos de todo EEUU, prevista entre 2027 y 2030, está prevista en este estado.
Pues bien, Abbott ha pasado de asegurar que Texas era el "epicentro del desarrollo de la IA" a reclamar ahora mesura en lo que se refiere a conectar estos centros a la red eléctrica. Ha llegado a solicitar, incluso, auditorías sobre el consumo de agua… una auténtica sorpresa en las filas republicanas. En cuanto a Virginia, que era el perfecto ejemplo de las exenciones fiscales para atraer este tipo de instalaciones, ya ha fijado un impuesto al consumo de energía.
La derecha, que si por algo se ha caracterizado a lo largo y ancho del mundo es de huir de la regulación, ahora acusa a los sectores más progresistas de ser demasiado laxos legislativamente. Este es el caso de la candidata republicana a gobernadora por Pensilvania Stacy Garrity. ¿Qué sucede en España? ¿Están funcionando los vasos comunicantes de la Internacional ultraderechista?
Pues no, al menos, todavía, pues como apuntaba hace unas semanas, gobernantes como Moreno Bonilla son partidarios de relajar la legislación que trata de salvaguardar nuestros recursos naturales y, a cambio, abrir el monedero a la inversión extranjera… la misma que en EEUU se está encontrando con un muro y ha encontrado en países como España su nuevo espacio a explotar. Begoña Villacís, la exCiudadanos que en otro ejemplo de libro de puerta giratoria dirige la Asociación Española de Centros de Datos (Spain DC) con Derecho como única formación, también se opone a una legislación española que ahora quieren copiar en EEUU. En su opinión, la nueva normativa del Gobierno central empuja a los centros de datos a salir del país.
Como sucede en EEUU, en España el electorado conservador se mueve más por el bolsillo que por otra consideración. Ese puede ser también el factor que haga que el PP se desdiga y se vuelva más cauto, retirando el cheque en blanco que ahora da a los centros de datos. Sin embargo, hay diferencias respecto a EEUU, especialmente dadas por el poderío de España en cuanto a energías renovables. La clave ahí vendrá más del lado de las infraestructuras eléctricas para transportar esa energía, pues ahora mismo son insuficientes para lo que está por llegar. Su ampliación y modernización se dejará notar en el recibo de la luz.
El otro factor desequilibrante es el agua, bien escaso en nuestro país, sobre todo en algunas regiones, como Andalucía, que ansía albergar una veintena de proyectos de este tipo de infraestructuras. En este punto ni siquiera será una cuestión de subida de la factura, sencillamente, se sucederán los cortes de agua y la subida del precio se extenderá a los alimentos del sector primario, tanto de agricultura como ganadería.
Estas consideraciones, que en EEUU ya impactan en las elecciones de medio mandato, son intencionadamente obviadas en España por el PP y Spain DC. Sin embargo, más pronto que tarde, se materializarán y quizás el único freno posible ahora mismo es acelerar el cambio en la opinión pública que al otro lado del Charco ha movido a los republicanos a desautorizarse a sí mismos.


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