La ineptitud en unos casos y los intereses elitistas en otros han hecho que nuestra Sanidad pública se convierta en el trampolín para que la privada haga su agosto durante la pandemia. Ya no es sólo que la sobrecarga de pacientes haya obligado a cerca de una decena de Comunidades Autónomas a derivar pacientes a la Sanidad privada, sino que la propia ciudadanía ha disparado los seguros privados.

Tal y como informa hoy Infolibre en una artículo firmado por Ángel Munárriz, la Sanidad privada ha batido su propio récord, con más de 11 millones de asegurados que suponen ya más del 23% de toda la población. Unas cifras tan elevadas representan el fracaso de nuestros gestores que, pese a contar con una de las plantillas mejor preparadas, no han sido capaces de dotar a nuestro sistema sanitario de los recursos suficientes para prestar el servicio con la calidad requerida.

Nada malo tiene la sanidad privada, salvo cuando se recurre a ésta por una evidente incapacidad por parte de la pública y ese es el caso, como evidencia que en plena pandemia, el número de seguros privados se haya disparado en casi medio millón en 2020, reportando al sector más de 9.000 millones de euros de facturación por esa vía.

Está en el manual del buen privatizador: menoscaba el servicio público y habrá que recurrir a lo privado. Los servicios de limpieza son la gran estrella en las Administraciones Locales y la Sanidad en las Autonómicas. El coronavirus ha servido en bandeja esta estrategia. El problema es la cantidad de gente que se queda por el camino cuando hablamos de atención sanitaria.

Este manual privatizador es especialmente evidente allá donde gobierna la derecha. No es casual que Madrid sea la Comunidad en la que el porcentaje de población que recurre a la Sanidad privada sea mayor con más de un 36% del total (cerca de 2,5 millones de asegurados). Y no es sólo que las primas sanitarias se hayan disparado, es que las derivaciones desde la Sanidad pública a la privada también lo han hecho, a precio de oro, además: en el caso concreto de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha pagado a la privada 734 euros por paciente y día y, en caso de ingresar en UCI, hastas 2.084 euros. En Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) reservó una partida de 450 millones de euros al mismo fin.

Lejos de quedarse en el merecido elogio del personal sanitario, la pandemia de covid-19 debería servir de lección de la pésima gestión sanitaria que han realizado tanto CCAA como gobierno central, que han infradotado al sistema. La Sanidad, como la Educación, deberían ser una prioridad para cualquier gobierno, evitando que se den circunstancias como las vividas con el coronavirus, en el que a covid revuelta, ganancia de intereses privados y, lo que aún es más grave, mayores niveles exclusión social.