¿Cuánto cuesta políticamente hacer daño a las mujeres?

Hay una pregunta que llevo varios días intentando formular con precisión: qué coste político tiene, realmente, hacer daño a las mujeres. La pregunta surge al observar casos muy distintos entre sí que, sin embargo, parecen compartir una característica inquietante: incluso cuando el daño es grave, conocido públicamente y suficientemente acreditado como para generar escándalo, dimisiones o condenas, rara vez adquiere la capacidad de clausurar de manera definitiva una carrera política o de alterar de forma duradera la legitimidad de quienes ostentan el poder.

En Andalucía, la crisis de los cribados de cáncer de mama provocó un enorme deterioro de la confianza en la gestión sanitaria, afectó a miles de mujeres y terminó convirtiéndose en una de las principales crisis políticas del Gobierno autonómico. Hubo desgaste electoral, por supuesto, y negarlo sería intelectualmente deshonesto. Sin embargo, ese desgaste resultó limitado y recuperable: el Partido Popular volvió a ganar ampliamente las elecciones andaluzas.

No es el único caso en el que un fallo institucional que afecta específicamente a la salud de las mujeres produce una crisis política importante sin convertirse necesariamente en una inhabilitación política duradera. En Irlanda, el escándalo de CervicalCheck estalló en 2018 después de que el caso de Vicky Phelan sacara a la luz graves problemas en el programa público de cribado de cáncer de cuello uterino. Phelan había recibido en 2011 un resultado negativo en una citología que una auditoría posterior consideró incorrecto; fue diagnosticada de cáncer cervical tres años después y no fue informada de aquella revisión hasta mucho más tarde. La investigación acabó identificando un grupo de 221 mujeres cuyos casos presentaban discordancias entre las citologías originales y las revisiones posteriores y puso en evidencia, además, graves fallos en la comunicación de esa información a las pacientes. La crisis provocó investigaciones, mecanismos de compensación, cambios dentro del sistema sanitario y una enorme conmoción pública. Simon Harris, ministro de Sanidad durante el estallido del escándalo, permaneció en el Gobierno y su trayectoria política continuó hasta convertirse años después en primer ministro de Irlanda.

En Estados Unidos encontramos un supuesto completamente diferente. Donald Trump llegó por primera vez a la presidencia después de años de acusaciones públicas sobre presuntas agresiones sexuales hacia mujeres y volvió a ser elegido después de que un jurado lo declarase civilmente responsable de abuso sexual contra E. Jean Carroll. Los tres supuestos son jurídica y políticamente muy diferentes y precisamente por eso conviene no confundirlos. Lo que interesa aquí no es equiparar una resolución civil por abuso sexual con la responsabilidad política derivada de fallos en sistemas públicos de salud, sino preguntarse por la capacidad que tienen determinados daños que afectan a las mujeres para modificar de manera duradera nuestra percepción de quién merece seguir ejerciendo autoridad.

La respuesta fácil sería afirmar que vivimos en una sociedad machista y que, por tanto, la violencia contra las mujeres importa poco. Además de general, esa explicación resulta insuficiente. La violencia machista importa socialmente: genera enormes movilizaciones, ocupa agendas institucionales y mediáticas, produce legislación específica y puede ocasionar costes profesionales, judiciales y políticos importantes. Pero que importe no significa que importe lo suficiente, ni que el reconocimiento de su gravedad se traduzca en consecuencias proporcionales al daño producido. La cuestión más interesante consiste precisamente en observar cómo esa condena social convive con una extraordinaria capacidad de rehabilitación masculina y, sobre todo, cómo determinados daños pueden ser reconocidos como graves sin llegar a alterar de manera sustancial la evaluación global que hacemos de un hombre poderoso.

Kate Manne ofrece una herramienta especialmente útil para comprender una parte de este fenómeno. En Down Girl, la filósofa plantea que la misoginia no debería entenderse fundamentalmente como un sentimiento individual de odio hacia las mujeres, sino como un mecanismo de vigilancia y disciplina del orden patriarcal. Dentro de ese marco, Manne desarrolla el concepto de himpathy para describir la simpatía desproporcionada que puede despertar un hombre acusado de ejercer violencia o causar daño, especialmente cuando se trata de alguien con prestigio, estatus o un futuro socialmente considerado valioso.

El funcionamiento de esa compasión selectiva resulta fácilmente reconocible. Ante una acusación de violencia sexual, una parte importante de la conversación pública puede desplazarse rápidamente hacia las consecuencias que sufrirá el hombre acusado: su carrera, su familia, su reputación, sus oportunidades futuras. Aparece entonces una de las formulaciones más recurrentes en este tipo de debates: la denuncia puede "arruinarle la vida". La frase resulta sociológicamente reveladora porque coloca inmediatamente en el centro de la escena el futuro del hombre. La vida que corre peligro de quedar arruinada es la suya; su pérdida de oportunidades adquiere una densidad narrativa extraordinaria mientras el daño sufrido por la mujer puede empezar a convertirse en contexto.

Ese desplazamiento no implica necesariamente negar lo ocurrido. Basta con redistribuir la empatía. Una sociedad puede reconocer que una mujer ha sufrido una agresión y, al mismo tiempo, dedicar una enorme cantidad de energía a preguntarse si resulta justo que el hombre que la cometió pierda para siempre su carrera, su prestigio o su posición. Ahí empieza a construirse la posibilidad de la rehabilitación. Él pasa a ser una persona que hizo algo grave dentro de una biografía mucho más extensa y compleja; ella corre el riesgo de permanecer definida precisamente por aquello que le hicieron.

Pero hay otro mecanismo que permite reducir el coste político de estos daños: su fragmentación. Cada episodio aparece como una historia autónoma y queda cerrado cuando termina su ciclo judicial o mediático. Un político fue declarado responsable de abuso sexual, otro realizó declaraciones misóginas, un gobierno gestionó de manera gravemente deficiente una política sanitaria que afectaba específicamente a mujeres, un sistema de cribado falló en comunicar información relevante a pacientes con cáncer. Al observar cada acontecimiento de forma aislada resulta sencillo mantener intacta la idea de excepcionalidad. La acumulación, en cambio, obliga a plantear la existencia de un patrón.

El patriarcado se reproduce también mediante esa capacidad para convertir patrones estructurales en sucesiones de episodios independientes. El mecanismo resulta especialmente eficaz cuando permite desconectar el daño ejercido contra las mujeres de la valoración general de quienes ocupan posiciones de poder. Una persona puede considerar reprochable el comportamiento sexual de un candidato y, sin embargo, seguir juzgándolo como la mejor opción para gestionar la economía. Puede indignarse ante un fallo sanitario que afecta a miles de mujeres y continuar otorgando más peso a los impuestos, la inmigración o la identidad partidista cuando decide su voto. Puede considerar intolerable un comentario misógino y mantener intacta su percepción de la competencia política de quien lo pronuncia.

Aquí aparece una cuestión central: la jerarquía política de los daños. Las sociedades no convierten automáticamente todos los sufrimientos colectivos en problemas políticos de la misma importancia. Determinadas cuestiones adquieren capacidad para definir por completo la evaluación de un gobierno, mientras otras permanecen compartimentadas. Una crisis económica puede transformar inmediatamente nuestra valoración sobre la competencia de quien gobierna. La corrupción puede erosionar de manera transversal su legitimidad. El desempleo puede convertirse en síntesis de una legislatura completa. Sin embargo, un daño que afecta principalmente a las mujeres tiene con frecuencia mayores posibilidades de ser particularizado y encerrado en una categoría específica.

La vivienda, el empleo, la inflación o la inseguridad se presentan como cuestiones de interés general. La violencia machista, los derechos reproductivos, las desigualdades en los cuidados o los fallos en políticas sanitarias específicamente dirigidas a mujeres pueden quedar fácilmente codificados como "temas de mujeres". Una categoría que engloba a aproximadamente la mitad de la población termina funcionando discursivamente como si representara un interés sectorial.

Esto ayuda a comprender por qué la condena moral y el castigo político pueden separarse con tanta facilidad. Para que una cuestión modifique de manera importante el comportamiento electoral tiene que incorporarse a la evaluación general que una persona realiza de un candidato o de un gobierno. Considerarla grave no basta. Tiene que adquirir suficiente centralidad como para competir con la identidad partidista, la situación económica, la inmigración, los impuestos, la seguridad o cualquier otro asunto situado en posiciones más altas de la jerarquía política.

La desigualdad aparece entonces en un lugar quizá menos evidente que las leyes, los salarios o la representación institucional: en la capacidad social para conseguir que el daño sufrido por un grupo tenga consecuencias para quienes lo producen, lo permiten o lo gestionan. El poder puede medirse también de esa manera. Qué ocurre después de dañarte, cuánto dura la indignación, qué instituciones reaccionan, cuánto tiempo permanece el acontecimiento en la memoria colectiva, quién recibe una segunda oportunidad y quién tiene derecho a reconstruir públicamente su identidad.

Quizá ahí se encuentre una de las razones por las que determinados casos producen tanta indignación y, al mismo tiempo, tan poca transformación. El patriarcado contemporáneo no necesita que una mayoría social considere aceptable la violencia contra las mujeres. Puede convivir perfectamente con sociedades que la condenan de manera explícita. Su continuidad depende también de mecanismos mucho más sutiles: la particularización del daño, la redistribución de la empatía, la compartimentación de la violencia y la extraordinaria facilidad para imaginar futuros posibles para los hombres que la ejercen o para quienes ocupan posiciones de poder mientras esos daños se producen.

La cuestión relevante, por tanto, excede la existencia de condena social. Conviene preguntarse qué capacidad tiene esa condena para modificar realmente las estructuras de poder. Una sociedad puede afirmar que la violencia machista es intolerable y continuar considerando elegible, respetable, competente o rehabilitable a quien la ejerce o la banaliza; puede reconocer que una política pública ha fallado gravemente a las mujeres y no incorporar necesariamente ese fracaso a la valoración general de quienes la gestionaron. Esa contradicción ayuda a entender por qué algunos avances normativos y culturales conviven con una persistencia tan extraordinaria de la desigualdad.

Tal vez una forma útil de medir el poder de un grupo social sea observar qué consecuencias tiene dañarlo. Cuánto cuesta políticamente, profesionalmente y socialmente hacerlo; cuánto tarda en olvidarse; cuántas oportunidades de continuidad o regreso recibe quien causó o gestionó el daño y cuánto trabajo necesita realizar quien lo sufrió para dejar de ser definida por él.

Cuando se observa desde ese lugar, la respuesta sigue siendo profundamente incómoda: hacer daño a las mujeres continúa siendo, demasiadas veces, políticamente asumible.