Los deberes pendientes tras el debate entre Pablo Iglesias, Ester Capella y Xavi Domènech

Hace poco más de cinco años, en noviembre del 2016, Xavi Domènech pronunciaba en el Ateneu Barcelonès una conferencia que suponía el pistoletazo de salida de la creación del sujeto político de los comunes; la presentación en sociedad de una confluencia de distintos partidos de izquierdas catalanes con vocación de permanencia. En aquellas palabras, el historiador recogía las distintas tradiciones del catalanismo popular, el republicanismo y el movimiento obrero; reconocía aportaciones dispares y plurales, desde Pi i Margall hasta Salvador Seguí, desde Federica Montseny hasta Josep Tarradellas pasando por el PSUC.

Tras haber ganado dos elecciones generales y el Ayuntamiento de Barcelona, aquel sujeto político, que se llamaría En Comú Podem, se definía como soberanista en pleno conflicto territorial y nacional y abogaría por una república catalana, que no tendría que ser necesariamente independiente de una república española, pero que sí defendía el derecho a la autodeterminación de los catalanes. Domènech apelaba al sentido común de Catalunya mayoritario en aquel momento: se inclinaba hacia la izquierda y se aposentaba en el consenso del derecho a decidir.

El nuevo sujeto político mostraba entonces la voluntad de disputar la hegemonía al mundo convergente (heredero del todopoderoso Jordi Pujol) y, para ello, recogía las enseñanzas del mejor PSUC: derechos sociales y nacionales van de la mano, pues la profundización en ambas categorías solo se puede dar, en el Estado español, en un contexto de profundización democrática del mismo.

Precisamente, en el mismo escenario del Ateneu Barcelonès, este miércoles tenía lugar el debate És possible democratitzar l’Estat? (¿Es posible democratizar el Estado?), organizado gracias a la colaboración entre el Institut Sobiranies y Público. El propio Domènech compartía escenario con el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y con la actual delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella.

La delegada, de ERC, impulsa desde el Centre Blanquerna de Madrid el ciclo Catalunya-España: ¿del conflicto al diálogo y la negociación política?, el cual, en un total de 10 sesiones y hasta el próximo mes de junio del 2022, acompañará desde el aspecto cultural y social al diálogo político que desarrollan Govern de Catalunya y Gobierno español y que se espera que se reanude tras el parón político navideño.

Unas negociaciones políticas que son prioritarias y estratégicas para ERC (la actual fuerza hegemónica en el independentismo) tras el análisis realizado por este partido del procés y de los hechos del 2017 y sus consecuencias. Una estrategia, la de Esquerra, que se basa en que para lograr su objetivo final de la independencia de Catalunya necesita sumar más gente a la causa independentista y, para ello, el partido ha de atreverse a gobernar y gobernar bien, adoptando medidas sociales valientes que mejoren la vida de la ciudadanía. Con este objetivo, no dudan en negociar con el Estado dejando atrás estrategias rupturistas de hace unos años.

Más allá de analizar si esta teorización la está llevando realmente a la práctica el Govern (liderado por Pere Aragonès, de coalición de ERC con JxCat) y de si está consiguiendo resultados concretos que mejoren la calidad vida de la gente o es solo palabrería, cabe fijarse en la lectura estratégica que vuelve a poner encima de la mesa una evidencia: derechos sociales y nacionales vuelven a ir de la mano. Para ampliar cuantitativamente el apoyo a la independencia, ERC apuesta por garantizar, gobernando, mejoras sociales de la ciudadanía de Catalunya. “De las banderas no se come”.

El tercer participante en el debate del miércoles, Pablo Iglesias, celebraba hace ya algo más de tres años en la sala Ernest Lluch del Congreso, junto al periodista Enric Juliana, el primer aniversario de la publicación de su libro conjunto Nudo España. En aquella charla, Iglesias habló por primera vez de la necesidad de incorporar a ERC, y también a PNV y EH Bildu, a la dirección de Estado. Una nueva dirección de Estado de carácter plurinacional y progresista que tiene su reflejo político en la mayoría parlamentaria que facilitó, en primer lugar, la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y, en segundo lugar, la investidura de Pedro Sánchez y la llegada del Gobierno de coalición en enero del 2020. Aquí también, en estos entendimientos entre fuerzas tan dispares, se vuelve a comprobar cómo derechos nacionales (de las distintas naciones del Estado) y sociales se dan la mano.

Una mayoría parlamentaria, además, contrapuesta a la del nacionalismo español de PP, Vox y Ciudadanos y que simboliza, además, un giro histórico en el PSOE que ha tenido que abandonar en la última década la dinámicas bipartidistas, una vez que la entrada de nuevas formaciones políticas en el tablero político español hizo que el sistema turnista se fuera al traste. La nueva correlación de fuerzas política surgida de las urnas ha generado esta nueva mayoría parlamentaria de característica progresista y plurinacional, dos cualidades que, sin embargo, todavía no se ve reflejadas en el resto de poderes del Estado, los cuales siguen destilando un aroma conservador y nacionalista español.

El pasado mes de noviembre, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, escribía un artículo en Público en el que apostaba por “construir espacios de colaboración y suma entre todas las fuerzas políticas que defendemos una agenda transformadora en lo social, en lo económico y en lo territorial”. “La resolución de nuestros problemas nacionales en términos democráticos debe de formar parte estructural de dicha agenda democratizadora”, también, desde el soberanismo de izquierdas vasco, se apuesta por esta agenda compartida.

El debate del Ateneu Barcelonès sirvió para analizar temas de gran importancia, para hacer referencia a problemáticas actuales y coyunturales y a otras más de fondo y estructurales. Domènech, Capella e Iglesias coincidían, además, en que las izquierdas han de desarrollar una agenda compartida. Un punto de encuentro interesante que es difícil de encontrar, hasta el momento, en dirigentes políticos que están inmersos en el día a día de la vida ejecutiva o parlamentaria. La reflexión y los intercambios de ideas se están convirtiendo en necesarios en el campo progresista en un momento histórico acelerado en el que desde los medios de comunicación ultraconservadores se lanza un discurso único que pretende hacerse dominante.

De toda iniciativa salen nuevos deberes pendientes, tras cada paso siempre se insinúa el siguiente en el camino. Mientras los avances culturales de la ultraderecha son tan evidentes y el nacionalismo español aprovecha el mínimo rescoldo para fijar posiciones en las instituciones, el entendimiento entre quienes apuestan por un proyecto plurinacional y progresista se teoriza y se desarrolla en el día a día, pero no acaba de diseñarse una estrategia compartida. El debate del miércoles fue un paso más, y quizás insinúe cuál ha de ser el siguiente.