La prensa conservadora informaba hoy de cómo Jaume Asens (Barcelona en Comú), edil responsable del area de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia en el Ayuntamiento de Barcelona, fue abogado en 2011 de Abdelbaki es Satty, imán de Ripoll. En realidad, ni siquiera fue así -ya han rectificado-, sino que Asens fue defensor de Mohammed Mrabet, gerente de la mezquita de Vilaniva i la Geltrú. En lo que la prensa conservadora sí acierta es en que, efectivamente, fue absuelto en la Operación Chacal por no encontrarse suficientes pruebas contra él. Asens no fue el único que defendió a alguno de los procesados: el diputado Benet Salellas (CUP) también lo hizo con otro consiguiendo también su exoneración.

La intención de la prensa conservadora es clara: desprestigiar a estos dos abogados -ahora políticos de signo contrario a la línea editorial del periódico-, sugiriendo que ambos tienen una cuota de responsabilidad sobre lo sucedido en Cataluña. Sin embargo, el artículo debería tener el efecto contrario: congratularnos por el hecho de que en España tenemos abogados que salvaguardan los derechos procesales, que no todo vale con la excusa antiterrorista.

Asens hizo un buen trabajo recurriendo al Tribunal Supremo que, en contra de la Audiencia Nacional, determinó que las actuaciones por parte de las autoridades en aquella Operación Chacal no se ajustaron a derecho. Según el Supremo, se recurrió a pinchazos telefónicos sin autorización judicial y algunos de los testimonios incriminatorios se obtuvieron "bajo presión" o, como dijo a las claras la defensa, golpeando a los detenidos. El Supremo fue claro: las acusaciones fueron "vagas, imprecisas y notoriamente especulativas".

Si yo hoy fuera Asens, no me arrepentiría de haber defendido a Mrabet y haber conseguido su absolución en 2011, sino que lamentaría que Policía y Guardia Civil, tal y como determinó el Supremo, no hicieran su trabajo todo lo bien que cabe esperar en un Estado de Derecho. No todo vale porque, de hacerlo, abre la puerta a un peligroso escenario.

Del mismo modo, vuelve estos días a relucir el pacto antiyihadista, ese pacto que apesta, tal y como ya denuncié en 2015, cuando se fraguó en plena precampaña electoral. Estos días, cuando se publica en los medios acerca de este pacto, o se habla de él a pie de calle, se olvida que fue un pacto entre PP y PSOE a espaldas del resto de partidos, que se puso en común cuando ya estaba cocinado, sin consenso alguno.

Se olvida estos días que la aprobación de aquel pacto traía consigo el peaje de la cadena perpetua revisable -que el PSOE engulló sin que se le atragantara-. Se obvia que ese pacto del que ahora presumen algunos penaliza "el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información" con fines de "captación y adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo", entendiendo por éste que un ciudadano quiera ver qué técnicas o redes sociales utilizan los yihadistas. Se cercenan, pues, libertades civiles.

No todo vale, ni siquiera contra el terrorismo.