Los jueces, fiscales y las personas que han salido a apoyarles en su falsa causa el fin de semana no lo han hecho por la falta de personal en los juzgados, una subida salarial o el embotellamiento que sufre la Administración de Justicia, que así es; no lo han hecho porque estén en desacuerdo, por ejemplo, con que los jueces sustitutos -a los que los propios magistrados eligen a dedo entre licenciados/as rasos- accedan a plaza idéntica a la suya, algo debatible, sin duda; no lo han hecho porque ellos estén convencidos de que solo el sistema memorístico (chapatoria, en argot instituto), sin ejercicio práctico, sea avalado científicamente como el mejor, encima, en la era tecnológica por excelencia... Nada de eso: los jueces y fiscales representados por sus tres asociaciones conservadoras -y por Jorge Buxadé, de Vox, al que se vio por delante del Supremo entregado a la cruzada de las togas- se han manifestado porque consideran que su independiencia está siendo invadida con las reformas legislativas que propone el Gobierno para democratizar el acceso a una carrera que está lleno de agujeros negros desde que el Tribunal de Orden Público (TOP) se acostó franquista y se levantó demócrata en forma de Audiencia Nacional. En España, de hecho, sabemos de sobra lo fácil que resulta convertir a un franquista, fascista, autoritario o similar en un demócrata: una charla sobre urnas, derechos humanos o igualdad de oportunidades y listo... ¿Quién no lo ha intentado alguna vez... con éxito nulo?

En este país, hace demasiado tiempo que una elite judicial -y sus seguidores, del gremio o no- se ha autoconsagrado como el poder del Estado que está por encima de todos los demás, ignorando el precepto constitucional del artículo 117.1.  "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". El "imperio de la ley", por cierto, que redactan y aprueban los poderes ejecutivo y legislativo, como es el caso (o no) de las reformas que pretende el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Los manifestantes con toga del pasado sábado, sin embargo, no actuarían con tanto desparpajo pidiendo dimisiones políticas si no se hubieran sentido respaldados por el bipartidismo gobernante en las últimas cuatro décadas: un PP con plena ascendencia sobre el poder judicial y un PSOE que trataba de emular a ese PP pero que nunca llegaba, mucho menos, cuando se le ocurría alcanzar La Moncloa; entonces, todo han sido palos del PP en las ruedas para que el PSOE accediese a la representación que le correspondía por los resultados electorales. Los últimos años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han sido los más sangrantes de esta evidencia, pero no los únicos. 

El problema de estos representantes públicos con toga que sirven a los y las ciudadanas que les pagamos el sueldo es que, gracias a esa especie de divina ascendencia que se ha construido a su alrededor desde el franquismo, nunca deconstruida por intereses espurios (salvar a la monarquía, por ejemplo, otra de esas herencias divinas), se creen dueños del poder al que representan, no los administradores del mismo, que es lo que son y conforme al "imperio de la ley" que surge de gobiernos y Parlamento democráticamente elegidos (o no) por usted y por mí.

Jueces, juezas, fiscales y sus familias pueden estar a favor o en contra de las leyes que quieran, del Gobierno, del independentismo, de la república, de la tortilla con cebolla... Pueden y deben pedir cambios técnicos, reformas legislativas o más medios que crean que facilitarán el ejercicio de sus funciones, decisivas en las democracias para el interés general de sus administrados. Lo que no pueden es, desde sus juzgados, indicarnos a los y las españolas si tenemos que votar a este o a aquel en función de sus intereses políticos o de ese estatus divino en el que han sido colocados/as tras su no transición, o sea, de mantenimiento de unos privilegios que ya han durado demasiado.