El balance económico de 2025 se puede sintetizar en una frase: España es el motor del crecimiento de la economía y del empleo en la Unión Europea. Nuestro PIB aumenta al 3% y se han creado 605.000 puestos de trabajo. Es, sin duda, un significativo éxito de nuestro país: ser capaz de crecer de forma robusta en un entorno de estancamiento en Alemania (0,2%) y bajo crecimiento en Italia (0,5%) y Francia (0,9%). Somos el inesperado motor económico europeo desde 2023.

Un crecimiento del PIB generalizado, tanto sectorial como territorialmente, porque todas las ramas de actividad y todas las Comunidades Autónomas contribuyeron al crecimiento.

Un crecimiento muy eficiente en términos laborales, porque en este año —otro más— se han superado el medio millón de empleos y la productividad por hora trabajada se ha incrementado el 1%. Una forma equilibrada de dar respuesta a los dos principales problemas de nuestro mercado laboral: el alto desempleo y la baja productividad. En los últimos seis años se han creado 3 millones de empleos hasta casi alcanzar los 22,5 millones de personas ocupadas, la cifra más alta de nuestra historia.

Un crecimiento del PIB sólido, porque tiene su base en la demanda interna —el consumo de las familias, el gasto público y la inversión— que crece muy por encima del PIB. Nuestro motor de crecimiento es interno y por eso resiste mejor a las turbulencias internacionales.

El gasto de los hogares aumentó por encima del 3,3% pero el gran protagonista en 2025 fue la inversión, que se incrementó un 7%, empujada por un aumento significativo de la compra de maquinaria y la construcción de vivienda.

Un modelo de crecimiento basado, por lo tanto, en la mejora del bienestar de las familias, porque aumenta de forma significativa sus niveles de consumo y en la capitalización de nuestro aparato productivo, por las elevadas cifras de inversión en maquinaria, en tecnología y en conocimiento.

Un crecimiento que se traslada a las personas, porque en 2025 la renta disponible de los hogares españoles aumentó el 6%, gracias a que el empleo aumentó el 2,8%, los salarios se incrementaron el 3,5 % y las pensiones el 2,8%. Aun descontando la inflación, la renta disponible de los hogares se incrementó en algo más de 3 puntos.

Por su parte, el IPC cerró 2025 con una media anual del 2,7%, prácticamente la misma cifra que en 2024 —el 2,8%— lo que le refleja el control de la inflación, aunque los precios de la vivienda y de la alimentación han crecido más, afectando de forma especialmente negativa a las personas con menores ingresos.

En 2025 ha continuado el proceso de consolidación fiscal en España, con la reducción tanto del déficit como de la deuda pública. El deficit público bajó hasta el 2,2 % — excluido el impacto de la DANA— la cifra más baja desde 2008.

Una reducción del déficit sin recortes, lograda con el aumento de los ingresos públicos que crecen a un ritmo del 10%. Más ingresos porque los mayores niveles de renta, de consumo y de beneficios empresariales incrementan las bases imponibles de todos los impuestos y, por lo tanto, impulsan la recaudación sin subir los tipos impositivos. Por su parte, la deuda pública se ha reducido en 2 puntos del PIB hasta situarse en niveles similares a los que había antes de la pandemia.

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Agencias

En realidad, es toda la economía española la que se está desendeudando. En 2025 la deuda de los hogares se redujo en 1 punto de PIB y la deuda de las empresas cayó en 3,5 puntos, de tal forma que la deuda privada —la de las empresas y las familias— se ha situado en su valor más bajo desde hace 25 años.

En 2025 el saldo exterior de la economía española vuelve a ser positivo. El deficit entre exportaciones e importaciones de bienes se compensa con el superávit de los servicios, tanto turísticos como no turísticos, hasta conseguir un superávit total del 4% de nuestra balanza de pagos. El encadenamiento de superávits ha reducido la deuda exterior que tiene España como país hasta el 44% del PIB: es la mitad de la que teníamos en 2017.

Un balance sin duda positivo de la economía, que, sin embargo, convive con un malestar social que cuestiona el cómo se traslada el buen momento de la economía española al bienestar de las personas. Un malestar que se fundamenta en cuatro motivos básicos.

El enorme incremento del precio para acceder a una vivienda, en compra o alquiler, que crece muy por encima de los ingresos de las familias. El encarecimiento de determinados productos básicos en la cesta de la compra, que afecta más a los hogares con menores ingresos. Las consecuencias que aún perduran de la crisis financiera, porque la mejora de los últimos cuatro años no es suficiente para cerrar de forma definitiva las cicatrices de la austeridad. El deterioro de los servicios públicos, la sanidad y la educación fundamentalmente, que genera malestar por su funcionamiento y porque obliga a muchas familias a pagarlos en el sector privado.

Actuar contra estas razones del malestar debería ser la agenda del gobierno en la segunda parte de la legislatura.