El 4 de diciembre de 1977, el sindicalista de CCOO Manuel José García Caparrós era presuntamente asesinado por un policía, disparado por la espalda. Portar una bandera de Andalucía y reivindicar la autonomía de esta región bastaron al agente para arrebatarle la vida. Desde entonces, todo alrededor de su muerte ha estado blindado, con la salvedad de cuanto contaban los testigos presenciales. Esta semana, la mesa del Congreso ha aprobado el acceso al archivo. Ahora, al fin, la familia podrá conocer el nombre del asesino, pero no ha sido gracias al PP, que se ha opuesto. Las buenas palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla vuelven a quedar en papel mojado.

Incomprensiblemente, ha tenido que pasar casi medio siglo para que se arroje luz sobre este vil asesinato. Con los votos a favor del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, la mesa del Congreso ha derogado una instrucción de 1984 que mantenía clasificado el archivo del caso. En unas dos semanas, queremos pensar que conoceremos la verdad sin tachones, sin censura, con transparencia. 

La tardanza en levantar el blindaje sobre el asesinato de esta víctima de postfranquismo evidencia que ni nuestra Transición fue tan modélica, ni nuestra democracia ha conseguido sacudirse los complejos y herencias que perjudican seriamente su estado de salud. Como en cualquier persona, los excesos en su juventud penalizan a nuestra democracia en su madurez. 

Dicho esto, es importante insistir en que la memoria histórica no tiene el mismo calado en todas las formaciones políticas. No descubro nada nuevo si expongo el sarpullido que cubre al PP cada vez que toca hacer justicia con las víctimas del franquismo y el postfranquismo. Ni siquiera en este caso, con quien es hijo predilecto de la ciudad de Málaga, de la provincia y de Andalucía el PP ha tenido el rigor democrático que demanda la cuestión. 

Es otro caso flagrante en el que el andalucismo de Moreno Bonilla destiñe por los cuatro costados. De hecho, la primera sorprendida con el voto en contra del PP ha sido la propia familia de García Caparrós. El presidente de la Junta de Andalucía había colmado de buenas palabras a las hermanas del joven sindicalista, pero de ahí a pasar a la acción hay un buen trecho. Es el modus operandi habitual de Moreno Bonilla, independientemente de la materia que aborde, ya sea Educación, Sanidad, Dependencia… los hechos nunca concuerdan con su verbo. 

Por este motivo, no debería coger a nadie por sorpresa, ni siquiera en este caso, pero como buen trilero político, su campechanía puede hacer mella en los más vulnerables, en quienes llevan demasiado tiempo faltos de justicia social. Desde que las hermanas de García Caparrós solicitaron reunión con Moreno Bonilla tuvieron que pasar más de tres años para que las recibiera -coincidiendo con el 45 aniversario del asesinato- y es que, desde la llegada del popular al Palacio de San Telmo, la derecha se ha encargado de no aplicar convenientemente la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática (2017) para desclasificar el expediente.

El caso de García Caparrós, además, nos presenta más y mejor este encantador de serpientes que es Moreno Bonilla, un gobernante sibilino y traicionero con el que nunca se puede bajar la guardia. Pese a su impostada moderación verbal, sus acciones lo delatan como un neoliberal de manual, alérgico a la memoria democrática que, junto al andalucismo, manosea a su antojo en beneficio propio. 

De otro modo no se explica la hipocresía de que en 2022 se sacase de la manga el Día de la Bandera (4 de diciembre) sin recordar a García Caparrós. No hacía falta que llegara Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta para que Andalucía se echase a las calles y celebrase el 4-D como símbolo de su lucha por la autonomía. Una lucha, además, que no se entiende sin la figura de García Caparrós, por lo que todavía es más sangrante que el presidente popular instrumentalizara la conmemoración ignorando su figura entonces y negando luz sobre su asesinato después. 

El deseo de cualquier demócrata es que en unas dos semanas conozcamos la verdad y al autor del asesinato de una persona que luchó pacíficamente por una causa justa. Entonces como ahora, el poder era más amigo de reprimir la movilización ciudadana que de posicionarse del lado de su lucha. 

Afortunadamente, ya no hay tiros por la espalda -faltaría más-, pero a la derecha le falta tiempo para criminalizar protestas con las mentiras y los argumentos retrógrados más descabellados, al tiempo que no duda en intentar pisotear libertades como la de expresión o la de cátedra. Por eso, ayer como hoy, incluso mañana cuando sepamos la identidad de su asesino, la mejor manera de honrar a García Caparrós es no abandonar la lucha.