La isla de La Gomera lleva tres días sin luz y la cobertura mediática, la activación de la Administración y la implicación de la empresa suministradora, Endesa, han destacado sobremanera. La Cañada Real Galiana (Madrid) va camino de tres años sin luz y a casi nadie parece importarle. En el primer caso, las personas afectadas se cifran ahora en unas 10.000, en el segundo, en unas 7.000. ¿Por qué valen más unas personas que otras?

Hoy todos sabemos lo que es un cero energético. Así se denomina el apagón sufrido en la isla canaria tras un incendio accidental en la central térmica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera. En la Cañada Real lo saben desde el 2 de octubre de 2020, que fue cuando Naturgy -la misma que ha sido sancionada con multa multimillonaria por manipular los precios- cortó la luz, dejando a todas las familias a su suerte, con una pandemia azotando el país y, apenas unos meses después, el mayor temporal de nieve (Filomena) en Madrid.

Mientras en La Gomera Endesa ha movilizado 14 grupos electrógenos y el ministerio de Defensa ha desplegado personal y medios, en la Cañada Real el abandono es casi absoluto. Mientras se despierta la empatía con la población canaria al escuchar los testimonios de cómo en pleno verano no puede encender su aire acondicionado o mantener sus alimentos en la nevera, ¿quién se acuerda de las familias de la Cañada Real que durante casi tres años han tenido que aprender a sobrevivir en unas condiciones extremas?

Lo sucedido en La Gomera ha sido accidental, en la Cañada Real, premeditado. Amparándose en la excusa de los múltiples enganches ilegales que hay en el poblado, Naturgy ha cortado la luz y ha instalado limitadores, haciendo de la vida de miles de personas un infierno. De nada han servido los requerimientos del Defensor del Pueblo, las duras críticas por parte de la ONU advirtiendo de la violación de Derechos Humanos (DDHH) o la marcha de las mujeres de la Cañada Real al Parlamento Europeo: el cero energético va allí a perpetuidad.

Esta vulneración impune de los DDHH se prolonga en el tiempo porque los enganches ilegales son lo de menos; el verdadero motivo por el que no llega la luz es que se pretende desmantelar el poblado. Esta coacción viene motivada por los intereses inmobiliarios del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) y la alcaldía de José Luis Martínez Almeida, cuyo Plan General de Ordenación Urbana prevé la construcción de 100.000 viviendas en las inmediaciones de la Cañada Real. Sencillamente, las familias que allí viven estorban y, por este motivo, no basta con cortarles la luz, también se descargan allí los escombros de las obras en otros puntos de la capital, destruyendo el entorno.

El modo de actuar en La Gomera no es lo criticable, al contrario, dentro de lo mejorable, esa capacidad de reacción y empatía es lo mínimo exigible. Lo deleznable es lo que sucede con la Cañada Real y las miles de personas que allí habitan. Los tres días que los y las gomeras llevan sin luz deberían hacer pensar en cómo es posible la vida así multiplicada por 365, que prácticamente son los tres años que llevan en el poblado madrileño sumidos en la oscuridad, en el más absoluto desamparo. Vergonzoso.