El informe publicado ayer por Save The Children es demoledor y viene a confirmar la miseria que asola España, tal y como vienen advirtiendo otras organizaciones como Cáritas. Uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza y, lo que evidencia aún más lo dramático de la situación, cerca del 40% de los niños y niñas en riesgo de pobreza en España proceden de familias con empleo. El informe se hizo público el mismo día que conocimos que los millonarios españoles han crecido un 17% en el último año.

Sólo Rumanía y Bulgaria presentan en toda Europa mayores niveles de pobreza infantil que España, una estadística que debería sacar los colores a buena parte de nuestra clase política y del empresariado. El hecho de que la pobreza se esté cebando, incluso, en los hogares en los que no hay desempleo evidencia cuán necesaria es la derogación de la reforma laboral del PP, que ha extendido la precariedad laboral por todo el país.

Resulta absolutamente inaudito que la derecha continúe avalando dicha reforma cuando todas las estadísticas oficiales y de organismos imparciales como Cáritas, Save The Children u Oxfam Intermon revelan que trabajar ya no es sinónimo de salir de la pobreza, por mucho que Pablo Casado, alejado por completo de la realidad, sostenga que basta una nómina para poder costearse un alquiler.

Asimismo, ¿qué reflexión hace la CEOE cuando se publican estadísticas de este tipo? ¿Dónde se esconde la locuacidad de su presidente, Antonio Garamendi, cuyo hijo no habrá pasado hambre en su vida? El empresariado ha de asumir su cuota de responsabilidad en la pobreza que genera porque aquel mantra que repite hasta la saciedad de que es en realidad quien crea riqueza ha perdido sentido... al menos riqueza entendida para la colectividad, como se encarga Amancio Ortega de demostrar, ganando en un sólo día lo que 26.513 trabajadores en un año cobrando el salario medio.

La premisa de que "no se llega a rico de manera honrada" debería estar colgada en una placa en la fachada de cualquiera de las tiendas de Inditex, cuyas empleadas llevan años denunciando la precariedad que sufren. Y la pandemia no ha hecho más que agravar la situación, puesto que la multinacional de Ortega ha aplicado un ERE encubierto, con el cierre de decenas de centros en toda España y el traslado de empleadas a otras provincias, lo que ha propiciado que éstas terminen dimitiendo. UGT llegó a denunciar que el 40% de los puestos ofertados tras el cierre de tiendas se encontraban en otras provincias; incluso, se han dado casos de pasar de trabajar en Madrid a ofertarse plaza en Melilla... trabajando por 800 euros, ¿quién aceptaría algo así?

Ni la derecha ni la CEOE abordan esta situación, como tampoco que Inditex cambie unilateralmente y sin diálogo con los sindicatos el horario laboral de sus empleadas, sin ni siquiera notificarlo por escrito y, según denunció la trabajadora y presidenta del comité de empresa de Zara en la provincia de A Coruña, Carmiña Naveiro (de la Confederación Intersindical Gallega, CIG), llegando a ser expulsada de su lugar de trabajo por dos guardias de seguridad y cuatro policías. Tremendo.

Garamendi calla ante estos abusos, ante el hecho de que la precariedad que promueven sus asociados nos ha convertido en el tercer país con más pobreza infantil de Europa y, en cambio, afirma rotundo que "no toca derogar la reforma laboral ni subir salarios".

¿Cuánta hambre habrá pasado el hijo de Garamendi? Una pregunta que, sin nombre ni apellidos, se habrán hecho más de una vez esos millones de personas que por más que encadenan contratos temporales no consiguen llegar a fin de mes, una pregunta que tiene de personal lo mismo que el silencio de Garamendi ante la miseria que lucra a empresarios.