Las imputaciones contra Podemos llevan camino de convertirse en una tradición española más, como las corridas de toros, el flamenco, la siesta, las Fallas o la Semana Santa. De hecho, mientras algunos de los magistrados acaban más quemados que un ninot y otros cantan por bulerías, el público se divierte de lo lindo, igual que todo el mundo en la plaza, salvo el toro. En cuanto a la imputación, termina durmiendo el sueño de los justos, aunque no para siempre: sólo está echándose la siesta y un día u otro se levantará como Cristo el Domingo de Resurrección, listo para otra tanda de latigazos.

Hasta la fecha, van catorce querellas archivadas en tribunales, una quiniela completa en la que de un lado estaban diversos líderes de la formación morada y de la otra adversarios tan prestigiosos y dignos de crédito como el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, el sindicato Manos Limpias o Vox. Rodríguez Menéndez posee una vistosa biografía en busca y captura, con dos condenas en firme, varias fugas de la justicia y nueve delitos pendientes de juicio que le supondrían más de treinta años a la sombra. Por su parte, diversos miembros del sindicato Manos Limpias han sido investigados y en ocasiones condenados por blanqueo de capitales, apropiación indebida, extorsión, estafas y abuso procesal. En cuanto a Vox, aparte de diversas sentencias a título personal, de sobra son conocidas sus escabrosas relaciones con la verdad, una película de arte y ensayo en la que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

La última causa abierta contra Podemos se presenta como una especie de parodia veraniega de la famosa caja B del PP, un gazpacho judicial que intenta mezclar diversas acusaciones de administración desleal y financiación ilegal realizadas por José Manuel Calvente, un abogado despedido de la formación por acoso sexual y laboral. En realidad, la noticia fue publicada por este mismo periódico a primeros de agosto, pero ha sido ahora cuando el ventilador mediático ha decidido darle publicidad, en parte para ocultar el escándalo internacional de la huida del rey Juan Carlos y en parte para animar un mes de agosto que andaba de capa caída entre los virus de la corona y el coronavirus en general. Imputar a Podemos es una tradición judicial española: si fuese de otro modo, probablemente los juzgados se extinguirían.

Entre las acusaciones presentadas en su denuncia por José Manuel Calvente se encuentran blanqueo de capitales, revelación de secretos, allanamiento informático, financiación ilegal del partido y administración desleal. Excepto la última, todas ellas fueron desestimadas por el juez a la primera de cambio, aunque a la defensa le extrañó mucho que las tres horas largas de la declaración de Calvente se redujeran a un discurso de cuarenta minutos. No menos extraño resulta que el propio Calvente admita que no tiene ninguna prueba de su acusación, que habla de oídas, a través de sospechas y rumores oídos a algunos miembros del partido que tampoco ha podido o querido identificar. Sin embargo, con mucho menos que eso Miguel Gila detuvo a Jack el Destripador, haciéndose el encontradizo con él en el ascensor y en los pasillos del hotel y murmurando al pasar: “Alguien es un asesino” y “alguien ha matado a alguien”. A base de chismorreos, la caverna mediática tiene portadas disponibles para tres meses, más o menos hasta la próxima imputación. De momento, el único delito serio que han podido probarle a Pablo Iglesias es la posesión de un chalet en Galapagar.