AUDIENCIA PÚBLICa
La Inquisición se instala en Manhattan

Por José Antonio Martín Pallín
Abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo
La resolución judicial en la que se imputa a Nicolás Maduro Moros, su esposa e hijo, así como a Diosdado Cabello y otros, había sido aprobada por un gran jurado compuesto por 23 personas en el año 2020 ante el Juzgado de Distrito Sur de Nueva York, que conoce de delitos financieros, terrorismo, crimen organizado, corrupción y narcotráfico. El texto que acabamos de conocer es un escrito de acusación sustitutivo, es decir una nueva acusación del Gran Jurado que reemplaza y amplía una acusación anterior en el mismo procedimiento penal. Solo sabemos que se acordó en el año 2025 o quizá el mismo 3 de enero de 2026 pero no consta la fecha exacta.
Ante el gran jurado la Fiscalía es la única parte que puede presentar cargos, se supone basados en pruebas. Las actuaciones del gran jurado son privadas y no están abiertas al público, ni permiten que el acusado o sus abogados comparezcan ante el tribunal. El escrito equivale a nuestro auto de procesamiento o de apertura del juicio oral. La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que: "Nadie podrá ser condenado a responder de un crimen capital o de otro crimen infamante, a menos que sea acusado por un gran jurado...".
Con estos antecedentes a nadie puede extrañar que su introducción sea lo más parecido al Proceso de Kafka. Se imputa a los implicados que: durante más de 25 años, líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.
Es cierto que a continuación relata los hechos un poco más extensamente, pero sin aportar prueba alguna. Ningún periodista de investigación que se respete profesionalmente se atrevería a publicar tal cúmulo de vaguedades y lugares comunes. Se considera a Nicolás Maduro como la vanguardia de esa corrupción y de utilizar la autoridad que obtuvo ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. De forma genérica se sostiene que sus actividades comienzan cuando era miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, siguieron como ministro de Relaciones Exteriores y perduran cuando alcanza la Presidencia de Venezuela. Se asegura que sus actividades se realizaron valiéndose de las fuerzas del orden, facilitando pasaportes a narcotraficantes y utilizando aviones para lavar el dinero y repatriarlo a Venezuela en su propio beneficio, miembros de su régimen y de su familia. Los productos del narcotráfico procedían de México.
En el siguiente apartado insiste innecesariamente en la que ya había considerado “como prueba de cargo”, añade que Nicolás Maduro Moros se sienta ahora a la cabeza de un Gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder estatal para proteger y promover la actividad ilícita, incluido el narcotráfico. Se dice que ese narcotráfico ha enriquecido y afianzado a la élite política y militar de Venezuela. Y que este ciclo de corrupción basada en estupefacientes llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y de sus familias, a la vez que beneficia también a violentos narcos-terroristas que operan con impunidad en territorio venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Es difícil encontrar en los antecedentes jurisprudenciales de los países democráticos y en la literatura jurídica una resolución tan artificiosa e inconsistente. Ignora los compromisos adquiridos al firmar los pactos internacionales sobre derechos humanos y su propia Constitución, que en su Sexta Enmienda establece que: en toda causa criminal el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de asesoría legal para su defensa.
Nicolás Maduro compareció ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, titular del juzgado. Como era de esperar, negó todos los cargos. Si algo es de alabar en el farragoso texto de imputación es su estructura en capítulos específicos en los que, sin embargo, se observa una absoluta falta de concreción limitándose a realizar una descripción histórico-narrativa del endémico arraigo en la zona del narcotráfico y el terrorismo. Al formular los cargos, consciente el gran jurado de la debilidad de las imputaciones específicas de actividades delictivas, añade como alternativa la posibilidad de una simple conspiración con dudosa materialización.
El cargo primero aborda la participación directa de Nicolás Maduro en el tráfico de drogas sin proporcionar ningún dato concreto y específico sobre la forma en la que se ha desarrollado la actividad delictiva. Someto al criterio de los lectores si consideran como prueba de cargo un relato en el que se dice que: en diversos momentos desde aproximadamente 1999 los acusados se han asociado con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua (TdA). A esas alturas se agradece que la resolución nos explique que las FARC y el ENL son consideradas como organizaciones terroristas. Seguimos sin saber que lazos y contactos personalizados, directos o indirectos, se establecieron entre Maduro y estos grupos.
Lo más sorprendente es la conexión con el grupo denominado Tren de Aragua, que ha sido perseguido por el propio régimen bolivariano y algunos de sus dirigentes han sido encarcelados o abatidos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado. El gran jurado afirma que Maduro y sus coconspiradores se han asociado, durante décadas, con algunos de los traficantes de drogas y narco-terroristas más violentos y prolíficos del mundo, y han dependido de funcionarios corruptos en toda la región para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Parece que deja al margen el fentanilo, la heroína y las bebidas alcohólicas.
Son conocidas las actividades de narcotráfico y la comisión de crímenes del Cártel de Sinaloa que han conmovido a la sociedad mexicana. No tiene mucho sentido que el grupo, instalado en México, fronterizo con Estados Unidos, utilice Venezuela como base de suministro. Los Zetas son una violenta y prolífica organización transnacional de narcotráfico con base en el noreste de México, dedicada al tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
El cargo número dos (conspiración para la importación de cocaína) trata de cerrar los vacíos probatorios ante la imposibilidad de imputar relaciones y actividades coordinadas. Le basta con afirmar que intencional y conscientemente se unieron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí infringir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.
El cargo número tres (posesión de ametralladoras y artefactos destructivos) por un lado merecería un monologo de Gila y por otro nos rememora a la invasión de Irak. Tomen nota por si no lo sabían: ametralladoras son armas capaces de disparar automáticamente más de un proyectil, sin recarga manual, mediante una sola acción del disparador (sic). Artefacto destructivo es una categoría legal que abarca explosivos, granadas, lanzagranadas y otros dispositivos de gran poder destructivo (armas de destrucción masiva). Como es público y notorio, nuestras unidades antidroga cada vez que detienen a un grupo, además de los alijos, encuentran lanzagranadas.
Cierra el cargo cuarto con una conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. No nos aclara si tan imprescindible armamento para el tráfico de drogas lo adquirieron en un zoco mexicano o en los Estados Unidos.
A pesar de todo sigo siendo un defensor del sistema constitucional estadounidense sobre las reglas del debido proceso. El imperio español llevó la Inquisición a aquellas tierras. Espero y deseo que no reaparezca, retrocediendo siglos, en un juzgado de Manhattan.
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