Y la justicia saltó por la ventana

"Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto". Voltaire

Razones hay de sobra para seguir reivindicando la despolitización de la Justicia, de sus órganos de poder. No solo porque sea el Parlamento quien elija a una parte de los miembros del Poder Judicial; de hecho, "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 de la Constitución Española) y el pueblo está representado únicamente mediante unas elecciones en el Parlamento, que representa al Poder Legislativo conformado por partidos políticos elegidos con votos de la ciudadanía.

Lo de menos, pues, es que sean formaciones políticas con representación parlamentaria quienes elijan a una parte del Poder Judicial, si nos atuviésemos a procesos despojados de todo interés partidista -este juez (José Ricardo de Prada) no me sirve, que me juzgó por corrupción y provocó la salida del Gobierno de mi partido, por ejemplo- y sometidos a normas de obligado cumplimiento. Por ejemplo, sin anunciarnos quién va a ser él o la presidenta del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo antes de que sean nombrados los vocales de aquél, que se supone que son quienes votan a su responsable máximo. Ocurrió con Manuel Marchena durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en un bochornoso espectáculo que incluyó el afán explícito -mediante mensajes de móvil filtrados a la prensa- de controlar al Poder Judicial por parte del PP y "por la puerta de atrás". Marchena perdió la posibilidad de acceder al codiciado puesto de alto representante del Poder Judicial, pero no se asumió responsabilidad alguna por ello; más tarde, el PP perdió el Gobierno mediante la primera moción de censura exitosa de la democracia postfranquista, podrido de la corrupción cuyos gusanos siguen saliendo hoy, y bloqueó durante más de dos años la renovación del máximo órgano de los jueces. Contra la Constitución y contra cualquier atisbo de integridad política.

Es posible, además, que ese periodo de paralización se extienda, pues cuando todo parecía amarrado, el principio de acuerdo volvió a saltar por los aires y el PP retrocedió en su aparente viraje al centro, acogotado por el crecimiento de Vox, hasta las posiciones radicales de inicio: "No, José Ricardo de Prada, el juez elegido por Unidas Podemos [más de tres millones de votos] no puede estar en el CGPJ". Da igual que De Prada acumule una trayectoria que para sí quisieran todos los ministros de Justicia que en España han sido, por ejemplo: si se participa en la condena judicial a un partido mayoritario, despídase de acceder al Poder Judicial. El mensaje, como nos desgañitamos en explicar algunos/as desde que trascendió el veto, sumado al veto a un partido electo en urnas, es demoledor para una democracia (incluso semiplena) y para la pretendida pero tan doliente independencia judicial.

Llegados a este punto, y puesto que reputados casadistas insisten en que el líder del PP no dará marcha atrás en cuanto a De Prada, el Gobierno tiene dos opciones: vetar a este juez y enviar ese "mensaje demoledor" a los españoles, explicándoles que jueces y juezas que puedan y quieran acceder al Poder que les es propio deben frenar su independencia y profesionalidad y no juzgar a partidos y políticos por corruptos que se haya demostrado que son, o retomar la propuesta de reforma de la mayoría parlamentaria necesaria para elegir al CGPJ en las Cortes (hoy son necesarios tres quintos), por mucho que derecha y ultraderecha se rasguen las vestiduras y se arañen los ojos.

A partir de ahí, en su caso, es imprescindible una estrategia clara a largo plazo de modernización profunda y democratizadora del sistema de elección del Poder Judicial, donde el poder político deje de ser decisivo, no solo para el CGPJ y el Tribunal Supremo, sino para la elección que corresponde a ambos de los máximos responsables de los tribunales de Justicia autonómicos, provinciales y otros jueces con responsabilidades clave. Una vez que el partido político logra colocar a un juez en el núcleo del Poder Judicial, el efecto dominó se activa en las decisiones de todo tipo que haya de tomar este juez o jueza. La evidencia es innegable y sobran relatos vergonzosos en esta democracia postfranquista que lo acreditan.

Lo de menos en estos momentos es que la mayoría parlamentaria que elija a los vocales del CGPJ sea, por ejemplo, del 51%. España ha dejado de ser definitivamente bipartidista y el sistema de tres quintos que servía antes de 2011 es inútil hoy, en un Parlamento donde esos tres quintos permiten el bloqueo de un PP con 5 millones de votos a un Unidas Podemos con 3,1 millones que cogobierna España, sin contar los más de 4 millones de los partidos nacionalistas, soberanistas, regionalistas y de Más País. No, ni PP ni PSOE deben contar ya con votos de bloqueo, porque el tiempo del intercambio de cromos entre dos -y alguno de consolación a quien mejor se portara a la hora de facilitar la gobernanza- ha pasado. La reforma del sistema de elección judicial, pues, ha de contar escrupulosamente con esa nueva "soberanía que reside en el pueblo", o los pueblos, para ser lo más representativa y democrática posible.

Europa, Consejo y Comisión, han alertado sucesivamente desde hace años sobre la necesidad de despolitizar el Poder Judicial en España; ni el PP ni Vox han descubierto ahora nada nuevo al protestar por el anuncio de reforma del sistema de elección del CGPJ; no solo es eso lo que cuestionan las instituciones europeas, ni mucho menos. Derecha y ultraderecha también son responsables (Vox, como buen PP que fue) de esas advertencias, bien ilustradas por el juez italiano Ugo Betti: "Cuando la política penetra en el Palacio de Justicia, la justicia salta despavorida por la ventana". Debería, pues, Casado implicarse en esta modificación profunda que los ciudadanos reclaman a gritos y dejarse de escudriñar a Abascal como si fuera una amenaza para el PP: la amenaza real, y para todos/as, es la falta de iniciativas, alternativas reales y políticas que den respuesta a frustraciones que alimentan a los neofascismos. Vox se comerá al PP si el PP se empeña en tomarlo en consideración cada vez que ha de decidir algo; el ejemplo del 14-F en Catalunya debería ser suficiente prueba.

Emprender la reforma del Poder Judicial no implica suprimir la elección por parte de las Cortes de una parte del mismo, como apunta la democracia misma, sino revisar el ámbito de influencia del poder político, partidista, en la elección de los máximos representantes judiciales. Por ejemplo: ¿Deben los jueces o juristas que hayan ocupado un cargo en las altas instancias judiciales pasar a ocupar altos cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, y viceversa? Que un juez o fiscal de base quiera dedicarse a la política parecería apropiado siempre y cuando, en su retirada de ésta, vuelva al lugar de donde salió y no a instancias superiores por arte de influencia partidista, algo que impregna de sospecha lógica el ejercicio de su nuevo destino.

Es indudable que la mayoría de jueces y fiscales son gente honesta e independiente, pero en el cacareado Estado de Derecho -como debería ocurrir con todos los poderes, incluida la Jefatura del Estado- no se hacen ejercicios de fe, sino un control riguroso de la función pública que vele al máximo por el interés general de todos/as. Y en España, de controles administrativos, hemos ido siempre muy cortitos.

Denle un repaso al Público de hoy, sin ir más lejos.