El 6 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Constitución, Moreno Bonilla apeló al "espíritu de la concordia y el de los grandes consensos" de nuestra carta magna. En un vídeo, el presidente de la Junta de Andalucía también hacía referencia a conceptos como libertad, convivencia o diálogo. Sin embargo, unos días antes, el 2 de diciembre, su gobierno aprobaba la nueva ley de vivienda utilizando su mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz sin ningún tipo de debate: ni con otros grupos de la cámara, ni con los colectivos sociales que conocen la problemática a pie de calle. Como Sindicato de Inquilinas de Sevilla, nos invitaron a la comisión parlamentaria que trataba la ley, planteando una serie de reformas necesarias que han sido desoídas. Moreno Bonilla reivindica el texto y el espíritu de la Constitución mientras aprueba una ley en contra de su artículo 47 y sin consenso social. Dicho artículo obliga a los poderes públicos a regular el suelo para evitar la especulación y garantizar el derecho a la vivienda, justo lo opuesto a lo que pretende la nueva ley andaluza de vivienda.

Esta norma no va a solucionar la crisis habitacional porque parte de un análisis de la realidad disociado que se deja entrever desde la exposición de motivos. En primer lugar, la ley atribuye el problema actual de la vivienda a que no se construye lo suficiente: la oferta no satisface la demanda. Pero el mercado de la vivienda tiene componentes especiales. La vivienda, como mercancía, no es como cualquier otra: su desarrollo es costoso y su valor alto, su necesidad es fundamental, mayor que la de otros bienes, por eso es un derecho, y es un bien raíz, fijo en el espacio, por lo que no se puede intercambiar como ocurre con los tomates o los teléfonos, por ejemplo. Todo esto configura un mercado altamente especulativo, que atrae inversiones con la perspectiva de revalorizaciones futuras, que son mayores dependiendo de la localización y las características de las viviendas. No es lo mismo un piso recién reformado en el centro de Sevilla que uno de hace tres décadas en una zona rural.

Por todo ello, pese a que el crecimiento demográfico es bajo, la demanda aumenta muy por encima, sobre todo en las ciudades. Es decir, no se construye para que las personas que quieran independizarse o montar una familia tengan acceso a una vivienda digna, sino para el lucro de rentistas y empresas, que las adquieren para luego alquilarlas y obtener una rentabilidad. El alquiler que paga una buena parte de la población es un ingreso en el balance de estas personas y empresas. Cualquiera diría que la libertad que defiende Moreno Bonilla es la de especular, permitiendo que estos grandes actores campen a sus anchas a costa de nuestras vidas, a costa de no garantizarnos ese espacio básico que es la vivienda y que todos necesitamos para desarrollar nuestro proyecto vital libremente.

El mercado de la vivienda es desigual desde su concepción. La Junta lo sabe y quiere que siga siendo así, por eso se niega a aplicar la ley estatal de vivienda. Bajo esta última podría declarar zonas de mercado tensionado y controlar los precios del alquiler, es decir, ponerle tope a la renta que cobran los caseros en barrios de las capitales andaluzas, como ya se está haciendo en ciudades de Catalunya, Euskadi o Navarra. O como se hace en ciudades tan diversas como Berlín, Estocolmo, Nueva York o San Francisco. Ciudades que, por otro lado, también han puesto coto a los alquileres turísticos, algo que el gobierno de Moreno Bonilla ni siquiera menciona. Si los más de 140.000 alquileres turísticos que hay en Andalucía dejaran de serlo hoy, mañana bajaría el precio de la vivienda. O si se cumpliese, de nuevo, la Constitución, garantizando la función social de la vivienda, y obligando a las más de 600.000 viviendas vacías de la Comunidad a salir al mercado. También se podrían prohibir las compras especulativas, por ejemplo, estableciendo un número de años de residencia obligatoria tras la adquisición de una vivienda por un importe superior a equis dinero, como ya se hace en Australia, Holanda o Canadá. O, por último, se podría legislar la trampa de los alquileres de temporada que usan muchos caseros para saltarse la vigencia de cinco años de los contratos de alquiler que establece la ley de arrendamientos urbanos.

Sin embargo, la propuesta de la Junta es más ladrillo. Por ejemplo, los ayuntamientos podrán declarar "áreas prioritarias de vivienda" para construir, quebrando la racionalidad urbanística, al permitir mayor edificabilidad y agilizar los controles previos. Alguien podría defender que, al menos, van a construir vivienda pública. Error. La propuesta es un nuevo modelo: la vivienda asequible, esto es, financiar con fondos públicos promociones privadas. La redacción aquí es ambigua, pero la idea existe en otros países y consiste en promociones de viviendas de lujo o para clases medias, donde un porcentaje de ellas se destina a personas con bajos ingresos. Se trata de la eliminación del sistema de vivienda protegida que quiere garantizar la universalidad del derecho a la vivienda. Porque el modelo es fácil: o es vivienda pública o no lo es, aunque se desarrolle con fondos públicos. Por no mencionar que construir más ya salió mal en 2008, y hacerlo ahora, solo para fomentar que la propiedad se concentre, engordar los beneficios de unos pocos y aumentar las desigualdades sociales es una idea todavía peor.

El análisis también es incoherente en lo que se refiere a la relación entre los actores implicados. En este sentido, el problema principal para la Junta es la okupación y, a partir de ahí, despliega una serie de medidas contra los inquilinos, entre ellas, el fin de la obligatoriedad de los propietarios de depositar la fianza en la Agencia de Vivienda de Andalucía –la administración ya no va a fiscalizar los contratos de alquiler– o la transformación de la oficina anti-desahucios en una oficina para asesoramiento por okupación. Los propietarios, desde los pequeños rentistas hasta los fondos de inversión, son la clase a proteger. Además de obviar el poder de una persona o empresa propietaria frente a alguien que alquila, el ejercicio de disociación es digno de estudio ya que, si el problema fuese la okupación, ¿por qué atacar a las familias que pagan parte de su salario mensual para poder vivir en un lugar? Más allá de esto, los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran una realidad diferente: los juicios por ocupación ascendieron a 449 en toda la Comunidad Autónoma en 2024, última cifra disponible, mientras que los lanzamientos por impago del alquiler fueron 2.714. La verdadera crisis la sufren las inquilinas y esta ley solo viene a agravar sus problemas.

Todos estos pormenores los trasladamos a la comisión que tramitaba la ley. La respuesta de uno de los parlamentarios del PP, con relación a la cuestión de la okupación, es que existía una percepción social que no se podía obviar. Sí, efectivamente es así, una percepción manufacturada por los intereses de la banca, que financia muchas de estas inversiones y también gestiona un buen número de viviendas (activos, les llaman ellos), las empresas de seguridad privada o sus medios de comunicación afines. Pero los legisladores no pueden ejercer las tareas para las que fueron elegidos sobre una percepción, sino sobre los hechos y, aquí, los datos son muy claros. Por no mencionar un reciente problema del que todavía, por su novedad, no tenemos estadísticas: las pseudo-empresas de desokupación. Una búsqueda rápida en Google demuestra que existen unas 25 operando en Sevilla. Nuestra experiencia en el Sindicato es que cada vez llegan más familias, muchas pagando su alquiler religiosamente, a las que una serie de matones las han amenazado en la puerta de su casa con total impunidad. En ocasiones, se trata de una estrategia de la propiedad para terminar un contrato antes de los cinco años de vigencia, puesto que las actualizaciones anuales que pueden aplicar conforme al IPC son menores que los beneficios de un nuevo contrato, con subidas que oscilan de media entre 200 y 300 euros al mes de la renta que actualmente cobran.

En definitiva, esta es la libertad de la que hace bandera el presidente andaluz. La libertad del mercado, es decir, que la burbuja de precios siga creciendo hasta que se convierta en tsunami. La libertad de que tu casero no deposite la fianza en la Agencia de la Vivienda Andaluza y, si él no quiere, no puedas recuperarla. La libertad de que te amenacen en la puerta de tu casa porque la ley ampara a los propietarios y no al inquilinato. La libertad de que no puedas desarrollar tu vida con unas mínimas garantías materiales cubiertas, como es el espacio de seguridad e intimidad que nos da nuestra vivienda, porque no te lo mereces. La libertad de que los grandes y pequeños rentistas sigan especulando con nuestras vidas. La libertad de legislar sobre opiniones infundadas en lugar de sobre datos objetivos. La nueva ley de vivienda es lo más parecido a ir al médico con una enfermedad grave y que te receten reposo. La ley de la nada. La libertad vacía de contenido.