Cada día, miles de personas trabajadoras son explotadas en España. Ya no es sólo que la precariedad campe a sus anchas generando situaciones en las que dos o tres empleos no garantizan salir de la pobreza, sino que el empresariado defrauda. ¿Qué hace el Gobierno? Enviarle cartitas de advertencia, en lugar de hacer caer sobre él todo el peso de la ley. Bienvenidos a la esclavitud del siglo XXI.

Pago en negro, jornadas de diez horas y, en el mejor de los casos, con cuatro o cinco horas con contrato, falsos autónomos nutriendo las plantillas de empresas con facturaciones millonarias... Esa es la realidad del mercado laboral de España, en el que el sector Servicios manda porque la necesaria reconversión de nuestro tejido productivo no llega.

Ante este panorama, el Gobierno va a proceder al envío masivo de cartas a las empresas que sospecha que realizan prácticas de explotación laboral para darles un tironcillo de orejas, avisándoles que o corrijen o mandan a Inspección de Trabajo. Desde el Ejecutivo se vanaglorian de que cuando hicieron lo mismo en 2018, afloraron 70.000 fraudes laborales, con 61.445 conversiones extra de contratos temporales en fijos y la ampliación de jornada para 8.824 personas trabajadoras.

Empresas que se van de rositas a pesar de que han explotado, han vulnerado el derecho constitucional al trabajo de miles de personas. ¿Por qué no se envía a Inspección de Trabajo como primer paso en lugar de enviar advertencias? ¿Quién indemniza a toda esa gente que ha sido explotada durante años sin que la Administración acudiera en su auxilio?

Vivimos una realidad laboral en la que la CEOE pretende presionar a los médicos de familia para reducir el número de bajas por enfermedades como la gripe, constipado, migrañas o depresión. Otro motivo más para ver al empresariado que asume estas prácticas como un enemigo a batir por todos los medios a nuestro alcance. Mientras compra voluntades y favores a golpe de talonario, las denuncias a Inspección de Trabajo se deben multiplicar exponencialmente hasta saturarla... algo, por otro lado, que no costará demasiado, porque con únicamente 1.500 inspectores/as para todo el país, ¿cómo no hacerlo?

La saturación de la Inspección se ha de visibilizar para que de una vez por todas haya un Gobierno con coraje que le proporcione los medios que precisa. Sólo el fraude de los falsos autónomos, que podrían superar ampliamente los 100.000, suponen más de 500 millones de euros sustraídos de la Seguridad Social. Así pues, basta ya de tener manga ancha con la explotación laboral que han venido prácticando los Gobiernos de España, basta ya de callarnos y no denunciar.