"Un reconocido magistrado del alto tribunal español avisa: ‘Lo mejor para el rey es que todo acabe en el Supremo, es como una vía muerta'" (La armadura del rey. Roca Editorial, 2021). Desde que el "reconocido magistrado" nos trasladó a los autores del libro su solución para resolver de un plumazo el marcaje implacable del fiscal de Ginebra Yves Bertossa a Juan Carlos de Borbón (o sea, el que recibiría cualquier otro ciudadano/a que actuase como el emérito con sus millones, muchos), teníamos claro que daba igual lo que se hiciera para tratar de hacer justicia con el exjefe del Estado y su opaco enriquecimiento: por muy irregular que fuera la regularización fiscal -valga el oxímoron- de una parte de su fortuna (pruebe usted a hacer lo mismo que él); por mucho que el Estado mirara hacia otro lado con las tarjetas black donadas por un multimillonario que usaban la reina Sofía y, al menos, dos de sus nietos; por mucho que sigamos preguntándonos (y respondiéndonos) sobre los 65 millones de euros que Juan Carlos dice que le robó su examante y socia y que proceden del pago de una comisión del Gobierno saudí... no hay nada que se pueda hacer para que Juan Carlos emérito sea juzgado o, al menos, se conozca toda la verdad, cuantitativa y cualitativa, sobre la fortuna de quien fue jefe de Estado entre 1975 y 2014. La "perversidad" de la que hablaba Voltaire es real (sic) en España y sus "leyes para la injusticia", ésas que han protegido a costa de lo que sea a una institución corrupta hasta el tuétano.

El último intento de destapar el comportamiento ilegal-pero-impune del exjefe del Estado vino de un grupo de juristas e intelectuales en noviembre de 2024, cuando se querellaron por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública ante la Sala Segunda del Supremo. Las razones de esa querella perfectamente argumentada, que denunciaba tanto una prescripción de los delitos que no era tal como el aviso previo de Hacienda al emérito para regularizar parte de su fortuna, algo no permitido, han sido rechazados de plano en esa "vía muerta" a la que hacía referencia el magistrado de nuestro ensayo, citado al principio de este texto. El ponente del auto que rechaza la querella contra el emérito, por cierto, es Manuel Marchena, expresidente de la Sala Penal del Supremo hasta anteayer y garante de la igualdad en la justicia que una Nochebuena nos tamborileó Juan Carlos de Borbón en un villancico macabro. Sigamos festejando.