La persecución contra el lobo no cesa. Después de la trampa parlamentaria que impulsó el Partido Popular sacando al lobo del listado de especies protegidas, a través de una enmienda a una ley contra el desperdicio alimentario, ahora las comunidades autónomas se han apresurado a matar lobos. Poco les importa la legalidad de esta medida a los responsables políticos de esas autonomías.

Asturias ha dado permiso para cazar, nada menos que 53 lobos, Cantabria matará 41, y Galicia no establece un límite, pero anuncia que permitirá las batidas de lobos todo el año. Mal futuro le espera a nuestra especie más emblemática, y por ello quizás la más odiada.

Estas cacerías se están produciendo, además, en un momento especialmente sensible para la especie, en plena época de cría. Ahora es cuando las lobas están tratando de sacar adelante a los lobeznos con gran esfuerzo. A los enemigos del lobo esto les anima y no les detiene, como tampoco les preocupa la ilegalidad de lo que están haciendo contra esta especie.

Comenzaremos diciendo que, por más que las trampas parlamentarias puedan apuntar en otra dirección, lo cierto es que la situación de las poblaciones de lobo sigue siendo desfavorable y su nivel de conservación inadecuado. Esto no es un asunto menor, ya que tiene gran importancia desde el punto de vista legal. Más allá del poni de von der Leyen, el lobo sigue contando con una cobertura legal relevante. No en vano, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, del 29 de julio de 2024, sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La sentencia viene a concluir que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable. Tampoco puede ser declarado como tal cuando no disfruta de una protección rigurosa en la región de que se trata conforme a la Directiva de Hábitats, ya que las medidas de gestión de las especies, como la caza, deben tener en todo caso por objeto el mantenimiento o el restablecimiento de dichas especies en un estado de conservación favorable.

Así que la caza del lobo que están impulsando las comunidades autónomas mencionadas es ilegal y debe ser paralizada de inmediato.

Por otro lado, la propia modificación legal contra el lobo que impulsó el PP por la puerta de atrás ha sido denunciada por Ecologistas en Acción ante la Comisión Europea, por ser contraria a la Directiva Hábitats. No todo vale en la persecución de la especie, a pesar de los poderosos enemigos con los que cuenta el lobo.

Echamos de menos una actitud más proactiva en la defensa del lobo por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). Da la impresión de que se ha puesto de perfil desde la aprobación de la trampa parlamentaria del PP. De hecho, sorprende que quieran mantener los 20 millones de euros de subvenciones, que se iban a destinar precisamente para garantizar la protección del lobo, cuando esta protección ya no es real. No entendemos que se esté pagando por una protección que en realidad no existe, como muestran las matanzas en marcha.

Afortunadamente la movilización social en defensa del lobo continúa. Si los impulsores de la desprotección del cánido pensaban que esta iba a pasar desapercibida, estaban muy equivocados. Hay una conciencia creciente sobre la necesidad de proteger la naturaleza, y este movimiento no va a parar. El lobo merece vivir.