Mazón, agarrado al clavo del aforamiento

Ya nadie tiene dudas sobre el futuro de Carlos Mazón y, mucho menos, su antecesor lejano en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que va siguiendo el rastro de las heridas de Mazón como un ave de presa. El expresidente valenciano no olvida que fue obligado a dimitir por Mariano Rajoy en 2011 por su implicación e imputación en la Gürtel, corrupción del PP a gran escala, de la que los juzgados lo dejaron limpio, pero la política lo señaló como el "amiguito del alma" de Correa, el Bigotes o Crespo en la Comunitat Valenciana. La impunidad y el saqueo de la trama en connivencia con el PP valenciano quedó grabado y bien probado y, por mucho que los juzgados no vieran nada delictivo en Camps, su responsabilidad política es inapelable.

Con todo, Camps tiene razón en algo: por muy cara que saliese a la Comunitat Valenciana la corrupción de la Gürtel bajo su mandato, mucho más cara ha resultado la gestión de la DANA por parte de Mazón, tal y como detalla la jueza que ha abierto la causa en Catarroja (València) por presunta negligencia. No hay cantidad de dinero corrupto que se pueda igualar al dolor generado en el territorio valenciano por los muertos y otras muchísimas víctimas que provocaron la incompetencia de Mazón entonces y sus mentiras ahora.

A Mazón y a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, les da lo mismo lo que piensen Camps, la provincia de Castellón o el sursum corda. Para ambos, lo importante ahora -y puesto que el PP valenciano es un hervidero de reinos de taifas enfrentados entre sí- es mantener aforado al presidente de la DANA al frente de la Generalitat mientras no se cierre la causa judicial de Catarroja, que ya se ha cobrado la imputación de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y uno de sus colaboradores. Pradas no está aforada porque fue obligada a dimitir por Mazón, mientras él, máximo responsable político de las competencias de alerta y emergencias, sigue aforado y, a la vista está, no pretende dejar de estarlo para no correr la misma suerte que su exconsellera. La jueza de Catarroja le ha ofrecido declarar voluntariamente como investigado, puesto que su aforamiento le impide citarle, pero, naturalmente, haciendo alarde de esa valentía y esa honestidad que le acompañan desde el fatídico 29 de octubre de 2024, el presidente de todos y todas la valencianas se ha negado a hablar en un juzgado y prefiere seguir mintiendo con la bendición de Feijóo. 

El debate sobre los aforamientos, siempre candente, alcanzó su máxima expresión, primero, con la abdicación de Juan Carlos I ("Los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón", Valle-Inclán sobre Alfonso XIII, y seguimos), que pasó de rey ejecutivo inviolable a rey emérito con la condición de aforado en el Tribunal Supremo; la nada, según reconocían los propios magistrados del ídem: Juan Carlos de Borbón nunca sería juzgado.

En 2018, Pedro Sánchez se comprometió a reducir los aforamientos, unos 17.600 en España. Para ello, debían modificarse varias leyes, entre ellas la Constitución, que incluye la protección jurídica de los integrantes del Gobierno, diputados y senadores. El aforamiento de jueces y fiscales viene recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estatutos de comunidades autónomas son los que amparan este derecho para los parlamentarios autonómicos. De hecho, los gobiernos de varias comunidades renunciaron a esos aforamientos en los últimos años: fueron Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja o Aragón. Pero de la supresión de los blindajes estatales, nunca más se supo.

La Comunitat Valenciana sigue, pues, con sus aforamientos intactos, los cuales, al menos, dan oxígeno a Mazón y a Feijóo para evitar la previsible imputación del primero y su dimisión forzosa, como ocurrió con Camps. Se trata de aguantar, al menos, hasta que las aguas internas del PP valenciano se calmen, con permiso de una expresión que debería perseguir la conciencia del PP el resto de su vida, si la tuviera; lo de menos para ellos, las víctimas.