El compañero gorrón y trepa es un clásico en el ámbito de oficina. Se trata de ese colega arribista que se cuelga medallas impropias para aparecer ante los jefes como el empleado ejemplar, negando el reconocimiento a quien legítimamente lo merece. Este personaje mezquino, incapaz de hacer equipo, también nace, crece y se reproduce en política. El presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla o la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son dos buenos ejemplos de ello.

A finales de enero, el BOE recogía las medidas urgentes en materia económica del Gobierno de España que, entre otras, contemplaban la gratuidad del transporte público para menores hasta 14 años durante el segundo semestre del año, para lo cual disponía de 355 millones de euros para gobierno autonómicos y entidades locales.

En un mundo, no ya ideal, sino al menos honesto, tendría que haber sido innecesario incluir en la normativa que se atribuyeran estas bonificaciones a quien hace el esfuerzo financiero, esto es, el Estado y no la Comunidad Autónoma de turno. En Andalucía se obvió esta circunstancia, faltando su gobierno a la ética más esencial en dos frentes bien distintos: por un lado, con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; por otro, con quienes habitamos en Andalucía, a los que nos quiso timar.

El segundo de los casos es, si cabe, aún más grave que el primero. Engañar de un modo tan premeditado a la ciudadanía trasciende al evidente acto de deslealtad institucional, adjudicándose méritos impropios que, además, ocultan ineptitudes de gestión. El engaño, bien lo sabemos en Andalucía con Canal Sur, es una mala arte común en la política española, si bien es cierto que no todos los y las políticas se desenvuelven en ella como pez en el agua.

La reacción del ministro Óscar Puente ha sido poner en suspenso estas subvenciones a Andalucía hasta que el Gobierno de Moreno Bonilla corrija su acto de mala fe. En lugar de admitir su error —siendo generoso en el término— el presidente andaluz ha optado por la sobreactuación, perdiéndose entre lo grotesco y obsceno. Moreno Bonilla desliza términos como “chulería” para referirse a Puente y afirma que “no hay ministro en España que pueda pisotear la dignidad de nueve millones de personas”.

En primer lugar, es curioso cómo el presidente andaluz se golpea el pecho remarcando los nueve millones de habitantes en Andalucía (en realidad, rondan los 8,6 millones) solo para poner el cazo y, sin embargo, sus políticas tienden a beneficiar exclusivamente a unos pocos de esos millones. En segundo lugar, haría bien Moreno Bonilla en dejar de hablar de “andaluces” cuando un 10% de quienes habitan y tributan en Andalucía son extranjeros y otros tantos cientos de miles que lo hacemos no somos andaluces, sino migrantes llegados de otros puntos de España.

La dignidad de quienes habitamos Andalucía, andaluces o no, está fuera de dudas más allá de si el Ministerio de Transportes financia o no estas bonificaciones. No sucede lo mismo con la de Moreno Bonilla, que asumiendo que “este dinero nos pertenece” —cosa que no es así— y colgándose una medalla que no le corresponde vuela por los aires su propia honestidad. De nuevo, amenaza con judicializar el conflicto sin recordar que ya salió escaldado con la Ley de Vivienda que, por cierto, no aplica.

La respuesta del ministro Puente tampoco ha sido la ideal pues deja a los pies de los caballos a 1,2 millones de menores en Andalucía. Moreno Bonilla afirma que será la Junta quien asuma el coste, en otro vano intento de erigirse salvador de una situación que él mismo ha provocado, sin ni siquiera percatarse de que su solución es otro problema, porque no cuenta con partidas presupuestadas a tal efecto. Dicho de otro modo, el dinero que no tendría que salir de las arcas de la Junta de Andalucía, gracias a Moreno Bonilla, ahora sí tendrá que hacerlo, en detrimento seguramente de otras partidas sociales.

Moreno y Ayuso son caras de la misma moneda con diferente banda sonora. El gobierno de Madrid ya tuvo sus más y sus menos con estas mismas bonificaciones y esta semana ha suspendido la inauguración de un nuevo tramo de Metro de Madrid para evitar la presencia de Puente y que éste remarcara que la financiación de ese proyecto también llega del Estado.

Relacionado con este tema

Aplausos al vídeo de Óscar Puente desmontando a Ayuso: "Esto debería hacerse más a menudo"

Tremending

Siendo más precisos, la financiación llega a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cuyos fondos proceden de la Unión Europea. Al estilo Moreno Bonilla, Ayuso pretendía vender a la ciudadanía la puesta del nuevo tramo de metro como un éxito de su gestión, pero con Puente ha dado en hueso. Acorralado en su propia cicatería, el gobierno de Ayuso ha recurrido al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para rebatir a Puente.

Sin embargo, su torpeza ha sido supina, pues ha admitido la financiación europea sin reparar que con ello da la razón al ministro de Transportes. Los fondos de recuperación no caen del cielo de la Unión Europea (UE), es preciso pelearlos en Bruselas y el PP, en otro gesto de lo que los populares entienden que es hacer patria, ha intentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno de España saliera escaldado de las negociaciones europeas. Ahora, en cambio, reclama su pedazo del pastel y quiere presentarse como el repostero.

Con hechos como los referidos, unos y otros desaprovechan una oportunidad de excepción para ayudar a que la ciudadanía se reconcilie con la política. La colaboración entre Administraciones, especialmente cuando son de distinto signo político, siempre es una buena noticia. La lealtad institucional en estos casos beneficia al clima político y contribuye al bien común. Cuando no se abrazan estos puntos de encuentro, la ciudadanía queda rehén de los intereses partidistas que exacerban la crispación, el frentismo de quienes no son capaces o no quieren ver la realidad tal cual es. La meritocracia del PP parece consistir en prácticas arribistas con las que engaña al pueblo, pero sacar a la luz tan males artes, como hace Puente con un estilo más que cuestionable, no debería implicar agravar el perjuicio a la ciudadanía.