Las dos crisis territoriales del PP en el País Valencià y Andalucía, por su nefasta gestión de lo público y su empeño en sacudirse responsabilidades políticas como sea -un clásico-, así como la ruptura definitiva con el Gobierno de coalición con la que amenaza Junts, han intensificado las voces que auguran adelantos electorales de todo pelaje. Las mayorías insuficientes en los parlamentos, que imposibilitan acuerdos de presupuestos autonómicos y estatales para 2026, los últimos probablemente antes de 2027, tampoco ayudan a la estabilidad de los ejecutivos, lastrados ya por legislaturas tensionadas a (ultra)derecha e izquierda.   

Este último es el caso de Extremadura, con una presidenta del PP, María Guardiola, obligada por Feijóo a pactar con Vox en 2023, tras garantizar públicamente que no lo haría. Guardiola integró a los ultras en su Ejecutivo y después fueron éstos quienes romperían con ella y el resto de presidentes del PP por unas negociaciones de su dirección nacional con el Gobierno de Sánchez sobre inmigración que nunca llegaron a nada. Guardiola, viéndose incapaz de sacar unos presupuestos autonómicos, ya ha anunciado que adelantará elecciones. Ha sido la primera en tocar campana, aunque aún está por ver si el PSOE de Extremadura, que no remonta en las encuestas, está dispuesto a apoyar las cuentas del PP extremeño.

Por su parte, tanto a Castilla y León como a Andalucía, gobernadas por el PP sin y con mayoría absoluta, respectivamente, les tocan sí o sí comicios en 2026, y lo hacen con un Mañueco en minoría parlamentaria y muy tocado por la nefasta gestión de los incendios que este verano arrasaron (otra vez) su territorio y un Moreno Bonilla todavía sin ser conocedor de las magnas dimensiones de la crisis de los cribados de cáncer de mama, un tema enormemente sensible, que se ceba con las mujeres y que asoma la negra pata de las consecuencias de la privatización salvaje de la sanidad andaluza. Tanto el rotundo fracaso del modelo de prevención y extinción de incendios de Mañueco como el sanitario andaluz de Moreno Bonilla son la demostración más cruel del mantra neoliberal que prioriza lo privado y el negocio mediante la asfixia de lo público, aunque cueste vidas.

Ninguno de los presidentes y presidenta mencionados, no obstante, alcanza las dimensiones del fango que rodea, literal y figuradamente, al valenciano Carlos Mazón. Con el cerco judicial cada vez más estrecho en torno a su responsabilidad (homicidios imprudentes, en plural) en la muerte de 229 de sus ciudadanos/as el 29 de octubre de 2024, que agonizaron o se salvaron de milagro en el lodo mientras su presidente se pegaba un homenaje en un reservado del restaurante El Ventorro, a Mazón ni siquiera se le pasó por cabeza dimitir o convocar elecciones tras la descomunal tragedia. Su insensibilidad va mucho más allá y ahora, justo en el primer aniversario de la DANA valenciana, el presidente del cieno se revuelca alegremente en sus pactos con Vox, que lo sostiene por puro cálculo electoral y contra toda humanidad, mientras esquila la democracia ante la desesperación de las familias de los muertos y los centenares de damnificados.

Feijóo batalla con las crisis de sus barones autonómicos, aunque derrapando en el conocimiento e influencia sobre las mismas (ninguna), y Sánchez lo hace con el permanente dolor de cabeza que supone la mayoría de investidura para el Gobierno de coalición, precisamente, por los dos polos opuestos: Junts y, en menor medida, Podemos, que no disimula su deseo de ir a elecciones generales. Puigdemont, asfixiado por el ascenso de la xenófoba Aliança Catalana y una amnistía que no acaba de ejecutarse, debe de tomar la decisión de romper o no con PSOE-Sumar en las próximas horas, aunque en sus filas descartan apoyar una moción de censura del PP que diera la Presidencia del Gobierno a un Feijóo que pide cárcel e ilegalización a quienes convocan referéndums de independencia. Y aquí es donde la (ultra)derecha de Vox, sectores del PP y el propio Junts ha hecho circular estos días la posibilidad -que obedece más a un deseo- de presentar un candidato de consenso que no sea Feijóo. Un Ramón Tamames del PP, que podría ser este mismo, ya que estamos fantaseando y podemos ahorrar tiempo de especulaciones y trabajo del aspirante a presidir España sólo unas horas y antes de convocar elecciones; al fin y al cabo, Tamames ya conoce los mecanismos de la moción desde aquel fracasado marzo de 2023 en el que Abascal no perdonó el plante de un Feijóo ausente de su moción de censura contra Sánchez (y mira que el PP se abstuvo). Pero otro tamamazo, sin duda, es lo que le faltaba a un líder de la oposición en horas bajas porque no acaba de consolidar su liderazgo: por encima de su cadáver político, dicen.