El PP revienta las costuras de su traje democrático

Esta semana el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha afirmado que los acuerdos de prioridad nacional suscritos por el PP y Vox para formar gobiernos autonómicos contemplan medidas ilegales. En plena precampaña electoral, esta noticia supone un revés para el PP, cuyo traje democrático se le ha quedado pequeño, saltando las costuras. Los de Génova 13 han acumulado demasiado sebo de extrema derecha, infiltrado ya en cada músculo de tal manera que no hay régimen ni deporte que pueda con ello.

La acumulación de tejido adiposo fascistoide ha alcanzado, incluso, al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que presumía de moderación. Él, que es copresidente del Comité de Regiones de la Unión Europea, debiera conocer a la perfección la normativa europea que, como recordó Brunner, prohíbe imponer condiciones de arraigo superiores a los cinco años para acceder a determinada ayudas económicas.

Así las cosas, o el presidente de la Junta de Andalucía es un incompetente o tiene mala fe, pues en el acuerdo de investidura que suscribió con Vox contempló arraigos mínimos de diez años, en un intento xenófobo de excluir a las personas migrantes. El varapalo sufrido a manos del comisario Brunner aún es más lacerante para las filas populares, pues él también pertenece al PP Europeo (PPE). La imagen dibuja a un PP corregido por los suyos, desenmascarados sus acuerdos de prioridad nacional que quisieron maquillar con un arraigo que ahora se constata que es ilegal.

El hecho de que el comisario de Interior y Migración haya afeado estos pactos de la vergüenza viene a respaldar, no sólo lo que advirtieron por activa y por pasiva los partidos de la oposición en todos y cada uno de los parlamentos autonómicos, como el andaluz, sino lo que ya condenó cualquier demócrata. Quién se lo iba a decir al mismísimo Alberto Núnez Feijóo cuando, unas semanas antes, viajó hasta Bruselas para despachar con Brunner sobre Ceuta.

Tratar de poner en marcha acciones que, pese a su legalidad, son moralmente reprobables no debería estar en la agenda de ningún político decente. Lamentablemente sabemos que no sólo está, sino que en demasiadas ocasiones es una práctica habitual en cualquier nivel de la Administración. Sin embargo, aquí hablamos de otra cosa. Cuando un político firma medidas a sabiendas de que son ilegales traspasa una línea que lo sitúa en el plano de la maldad, algo incompatible con el servicio público.

Eso es, precisamente, lo que hicieron PP y Vox con sus pactos y, al hacerlo, fueron deshonestos, incluso, con sus propios votantes. Aquellos pactos pretendieron convencer a los seguidores de derechas de que era posible discriminar a determinados colectivos para beneficiarles. En favor de estos votantes retrógrados, podría esgrimirse que había margen para esa credulidad en un momento en el que asistimos a atrocidades jurídicas por parte del Tribunal Supremo como retirar el derecho al voto a españoles y españolas que ya lo han ejercido, justamente, al dictado de PP y Vox. Ese margen, no obstante, no les exime de su particular cuota de maldad al desear discriminar a otras personas por entender que así mejorará su calidad de vida, algo, por otro lado, totalmente falso.

Por otro lado y pese a ver movimientos judiciales cuestionables ante la pasividad del Consejo General del Poder Judicial, nadie debería perder la confianza en la legalidad. Vivimos tiempos convulsos en los que asistimos a prácticas de la judicatura, dentro y fuera de sus dominios procesales, que ponen los pelos de punta, sino revuelven las entrañas, pero incluso a pesar de ello, la confianza en el Estado de Derecho no debe erosionarse. Acciones como la respuesta del comisario Brunner al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà -que fue quien lanzó la pregunta en el contexto valenciano-, son la mejor prueba de que el sistema aún se sostiene. Otro ejemplo, protagonizado también por el comisario europeo fue su negativa a relacionar la regularización extraordinaria de personas migrantes con lo sucedido en Ceuta, idea que pretendían instalar PP y Vox en la opinión pública.

Sin embargo, mantener la confianza no es suficiente, hay que preservarla y para ello es preciso que quienes ya han manifestado su vileza firmando medidas ilegales tengan cada vez menos espacio para repetirlo. A las puertas de unas elecciones generales, si las medidas programáticas al descubierto de PP, dando la potestad a las empresas de dar y quitar bajas laborales, o de Vox, privatizando las pensiones, asustan, imaginen la agenda oculta que se traen entre manos.

Feijóo, cuyo subconsciente suele jugarle malas pasadas, ya habló en su puesta de largo de precampaña de “los sacrificios” que pedirá a los españoles. Tal y como advertimos los demócratas, comenzaron por el colectivo migrante y ahora tocan los nacionales, estrechando cada vez más su horquilla hasta ajustarla a los caprichos de la élite que ostenta el poder fáctico. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, trató de enmendar a su jefe traduciendo “sacrificio” por “esfuerzo”, pero quien equipara ambos términos acostumbra a ser quien asesta los tijeretazos… pero para eso, la ciudadanía tiene que haber puesto previamente en su mano las tijeras.