¿Cómo sería un sistema de atención a la dependencia con derechos para todas?

A raíz de mi último artículo en Público sobre la reforma de la Ley de Dependencia de 2026, algunas personas me han preguntado cómo sería, y cómo podría ser posible, un sistema de atención a la dependencia que asegure el derecho universal y suficiente para suplir la falta de autonomía funcional mediante servicios públicos de calidad (de gestión pública), por tanto sin trabajadoras precarias y sin necesidad de cuidadora familiar. ¿Cómo podría organizarse y financiarse?

Vaya por delante: los países nórdicos optaron por este sistema hace ya más de medio siglo. Y que las mujeres no dejen sus empleos para convertirse en cuidadoras no significa abandonar a las personas mayores, aunque esta es la idea instalada en los países "familiaristas". Evidentemente es comprensible que, cuando los servicios públicos son francamente deficientes, las personas mayores tengan miedo de ser "depositadas" en una residencia y las mujeres se vean presionadas para cuidar a tiempo completo so pena de ser calificadas de "malas esposas", "malas hijas" o "malas nueras".

¿Responde a la realidad esa impresión de que las personas no atienden a sus mayores en los países en los que la atención suficiente por parte de los servicios públicos es un derecho universal? De ninguna manera: según la Encuesta Europea de Calidad de Vida, el porcentaje de personas mayores de 18 años que cuida a sus mayores es mucho menor en España que en Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. La clave de esta diferencia es que la intensidad en España es mayor; hay menos personas que se ocupan pero las que lo hacen dedican más horas. Y, sobre todo, cuando la carga recae sobre alguna mujer de la familia a tiempo completo, muchas personas se desentienden, especialmente los hombres.

Analicemos las situaciones concretas: cuando la dependencia es moderada, unas horas del servicio de ayuda a domicilio (SAD), junto a la teleasistencia, pueden ser suficientes para la permanencia de la persona en su casa. Muchas siguen manteniendo una gran actividad social y están encantadas con esa situación, vivan solas o acompañadas. No están tan encantadas las trabajadoras del SAD con sus condiciones precarias, pero eso se arreglaría remunicipalizando el servicio.

Otras muchas personas mayores, aunque aún pueden valerse por sí mismas, no quieren seguir aisladas en sus hogares; se le llama "soledad no deseada". La prueba está en el auge de los "cohousings", complejos de apartamentos con zonas comunes donde las personas pueden vivir independientemente y a la vez en comunidad. Muchos de esos proyectos fracasan porque, como las Administraciones públicas no ayudan, resultan demasiado caros y complicados de organizar para la mayoría de las personas. Pero a muchas les gustaría cambiar su casa por esa vida más descansada y acompañada, sobre todo si estuviera en su barrio. Y el mercado se entera de todo: esta alternativa ya la ofrecen muchas residencias privadas caras.

En Dinamarca también se rigen por ese sistema cohabitacional las residencias públicas, que por ley tienen establecidos los estándares de calidad de los apartamentos que forman el complejo. Los servicios de cuidado son gratuitos, pero cada persona usuaria se paga el alojamiento y la manutención. Si la persona no necesita cuidados, las Administraciones públicas solo tienen que organizar, proporcionar esos servicios y fijar precios. Esto no tiene por qué originar gasto público excepto en concepto de prestación por vivienda para quien no pueda pagar el alquiler, prestación que sería también necesaria si la persona sin ingresos suficientes se quedase en su casa, en general más grande y donde sería más caro vivir.

Seguimos en Dinamarca. Cuando la persona tiene una dependencia moderada, puede continuar viviendo en su apartamento del complejo residencial y beneficiarse de la atención necesaria, sin tantos desplazamientos de las trabajadoras y sin las complicaciones que pueden encontrarse en viviendas no adaptadas. Cuando a una persona le sobrevenga una dependencia severa necesitará más cuidado y quizás vigilancia 24 horas; un cambio de situación menos traumático y más abordable si ya está viviendo allí.

Por otro lado, ¿cuántas trabajadoras se necesitarían para atender a una persona en situación de dependencia severa en su domicilio mediante trabajo decente? Si respetamos los derechos de jornada máxima, descansos y vacaciones, así como otras posibles incidencias, con jornadas de 40 horas semanales, se necesitarían 5 personas (7 días*24h=168h; 168h/40h=4,2 personas, más cubrir sus vacaciones e incidencias). Además habría que organizar, coordinar y supervisar semejante galimatías. Esto sería inabordable para la inmensa mayoría de la población y también para cualquier sistema público. En cambio, en una residencia de calidad cada trabajadora puede tocar a dos o tres personas con dependencia severa, una ratio casi inversa. Y es que gran parte de la atención es vigilancia, disponibilidad y compañía.

Por esa razón, en Dinamarca, si una persona necesita más de 28 horas semanales de ayuda a domicilio se le ofrece una residencia. Porque el sistema proporciona servicios de atención según las necesidades y las preferencias de las personas, pero respetando un principio: son los servicios públicos los que tienen que suplir la falta de autonomía funcional. En consecuencia, ni hay un sistema especial de empleo de hogar con menos derechos que el resto de trabajadores/as ni tampoco existe nada equivalente a la prestación española por cuidados en el entorno familiar (PECEF).

En España, en cambio, "todo queda en casa", y cada vez más. La prestación del Sistema de Atención a la Dependencia que más crece es la PECEF (llamada popularmente "la paguita"), llegando a significar ya el 44,6% de los casos (PIAS). La ayuda a domicilio (SAD) es la segunda que más crece, llegando al 24% de los casos. Pero el alcance es lamentable: para el Grado III (la dependencia más severa), la prestación media de la PECEF es 385,1 euros/mes, y la atención a domicilio (incompatible con la PECEF) proporciona una media de 62,7 hora/mes para ese grado máximo de dependencia. O sea, casi dos terceras partes de los casos "se resuelven" mediante la cuidadora familiar 24/7/365, con paguita o sin paguita pero sin derechos humanos básicos.

Mientras, el aumento de plazas residenciales es inapreciable y solamente atiende el 10,8% de los casos. Entrar en una residencia no es nada fácil si no tienes bastante dinero: según una encuesta de la OCU, solo un 19% de las personas residentes están en una pública (que suele ser de gestión privada), y para llegar a ello el 41% de las personas demandantes tiene que esperar más de 6 meses. En las concertadas están un 48% y el tiempo de espera es menor, pero son más caras; por no hablar de las totalmente privadas, donde está el 33%. En total, la mitad de las personas residentes declara que sus ingresos no son suficientes y tienen que recurrir a familiares y/o a sus ahorros.

En conclusión, a pesar de las deplorables condiciones actuales, la demanda de plazas residenciales es mucho mayor que la oferta y no deja de crecer. Cabe sostener, pues, que si fueran de calidad y accesibles económicamente para todas las personas serían mucho más populares. Sin embargo, en lugar de resolver la situación catastrófica de las residencias, la "estrategia de la desinstitucionalización" del Gobierno de España, que viene de la Unión Europea, proclama el sacrosanto deseo y derecho de las personas dependientes a "vivir en familia", y lo convierte en objetivo.

La insensibilidad de género y social de este enfoque es sustancial porque, por ejemplo, ¿qué significa ese derecho a vivir en familia para una persona que vive sola? Desde un punto de vista humano, no podemos por menos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué calidad de vida, qué seguridad y qué tranquilidad puede tener una persona en silla de ruedas confinada sola en su vivienda a la espera de los turnos de atención a domicilio, insuficientes e inciertos?

Por otro lado, ¿alguien le pregunta por sus deseos a una mujer dependiente económicamente que en su vejez se ve presionada para convertirse en cuidadora de su marido sea cual sea su relación? Hay un dato especialmente sangrante: el 7,2% de las personas que reciben la PECEF (o sea, 52.984) tienen más de 80 años.

En aras de ese supuesto nuevo derecho a vivir en familia, en la práctica se traicionan los derechos humanos y sociales de las personas implicadas: el derecho de las personas dependientes a la atención suficiente y de calidad, el derecho de las trabajadoras a un empleo digno, el derecho de las mujeres familiares a la autonomía económica, al descanso, a una vida independiente, a decidir sin presiones con quién quieren o no quieren vivir...

Si los gobiernos dejaran a un lado el mandato cegador de la ideología patriarcal familiarista, y de los intereses empresariales de los fondos buitre que gestionan los servicios de atención a la dependencia llamados públicos, tendrían que hacer cálculos realistas y ofrecer soluciones.

La viabilidad económica de un sistema que asegure el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos está documentada en este trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. En un próximo artículo explicaré los fundamentos de esa viabilidad.