Voy a contar lo que ocurrió después de que, tras las elecciones generales de 2027, Vox entrara en el Gobierno. Durante mucho tiempo, en España se creía que los grandes giros históricos solo ocurrían con ruido, con golpes, con sobresaltos, con una fecha que pudiera subrayarse en los libros. Por eso, cuando Vox entró en el Gobierno, nadie habló de ruptura, porque no ardió nada ni se desplomó el cielo sobre nuestras cabezas. Se habló, sencillamente, de aritmética parlamentaria.

La coalición fue presentada como un acuerdo pragmático. El Partido Popular conservaría la presidencia; Vox obtendría una vicepresidencia y varios ministerios clave: Interior, Justicia y Educación. El Ministerio de Igualdad desapareció rápidamente en el proceso, absorbido por una reorganización administrativa descrita como "técnica, no ideológica". La palabra "normalidad" se convirtió en el término más mencionado en los comunicados oficiales y los medios de comunicación. Se hablaba de "normalidad" con la misma insistencia que sólo un año antes se hablaba de "polarización".

Cuando Vox entró en el Gobierno, los medios parecieron asumir el fin de la polarización que ellos mismos habían difundido sin descanso. España siguió siendo, al menos formalmente, una democracia liberal. Pero el espacio en el que esa democracia respiraba empezó a reducirse, o deberíamos habernos parado a pensar hasta qué punto era eso una democracia. Y, si lo era, qué posibilidades había de enfrentarse a ella con cierta violencia. Pero nada de eso pasó.

De hecho, los primeros cambios no se percibieron como cambios. Fueron "ajustes". En los barrios del sur de Madrid, en los del norte de Barcelona y en algunas capitales andaluzas, las identificaciones policiales se convirtieron en habituales. No figuraban en ningún protocolo nuevo, pero los agentes sabían qué buscar. Aquello no tuvo más respuesta que la de los vecinos y vecinas de las zonas, pero pronto se cansaron de tanto abandono.

Los centros de internamiento de extranjeros ampliaron su número y capacidad. Las expulsiones se aceleraron gracias a reformas procesales aprobadas con discreción. Los menores migrantes dejaron de aparecer como sujetos de protección en los discursos públicos y pasaron a ser tratados como una cuestión de reparto territorial, casi logística. En una comparecencia parlamentaria, el ministro del Interior explicó que el Estado estaba "recuperando el control". La mayoría de los titulares reprodujeron la frase sin comillas.

Memoria  

Tampoco pasó nada después de lo de la memoria. Ya había sucedido lo mismo, y con los mismos resultados, años antes en Aragón. La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue uno de los primeros gestos simbólicos —junto con la desaparición de Igualdad— del nuevo Gobierno. Se justificó como un intento de cerrar una etapa. Lo que siguió fue más eficaz que cualquier prohibición: la desactivación institucional del recuerdo.

Los archivos perdieron presupuesto. Las exhumaciones quedaron suspendidas por razones administrativas. Los proyectos educativos vinculados a la memoria histórica dejaron de recibir financiación. En los nuevos manuales escolares, la Guerra Civil reapareció como un conflicto confuso entre extremos igualmente irresponsables. El franquismo fue descrito como un régimen autoritario, pero también como un periodo de reconstrucción nacional.

Los grandes medios trataron el asunto como una "guerra cultural agotada". Algunos editoriales celebraron el fin de "viejas batallas simbólicas". Otros optaron por el silencio. Las historias de las familias que seguían buscando a sus muertos quedaron relegadas a suplementos de fin de semana, cuando rara vez aparecían. En realidad, se volvió a los tiempos de la Transición en cuestiones de memoria y reparación. Si la sociedad española le había permitido eso al PSOE de Felipe González, a nadie le llamó la atención la falta de respuesta en este caso.

Familia y la educación  

La violencia machista fue rebautizada como violencia intrafamiliar. El cambio terminológico tuvo efectos inmediatos. Las estadísticas se fragmentaron. Las campañas de concienciación desaparecieron. Los juzgados comenzaron a tratar los casos como episodios aislados, sin estructura ni contexto. Algunas juezas protestaron. Otras pidieron traslados. Una asociación feminista perdió su subvención tras ser auditada por “falta de neutralidad ideológica”. La noticia ocupó un breve en páginas interiores. No hubo seguimiento.

Los hombres siguieron ejerciendo violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Aumentaron un poco, casi nada, los feminicidios, pero ya no había nada llamado "feminicidio". El Estado dejó de dar a las asesinadas un tratamiento político. Los medios, salvo excepciones cada vez más aisladas, aprendieron a no insistir.

El espacio que habían ocupado el feminismo y los avances de las mujeres en cuestiones de igualdad y relato pasaron a ocuparlo datos sobre ayudas a las familias, a las madres, a la natalidad y al cuidado de los mayores.

La reforma educativa se presentó como una corrección de excesos. La educación afectivo-sexual desapareció del currículo. Las referencias a la diversidad familiar se redujeron, al principio, a notas al pie, para pronto desaparecer por completo. La historia volvió a organizarse en torno a una "narrativa nacional coherente". Las lenguas cooficiales no fueron prohibidas, pero sí relegadas.

En algunos institutos, los profesores aprendieron a medir cada palabra. No por miedo a sanciones directas, sino por una vigilancia difusa: denuncias de padres, inspecciones inesperadas, grabaciones de clases que circulaban en redes afines al Gobierno. Un docente en Valencia fue expedientado por recomendar una novela "ideológicamente sesgada". El expediente se archivó meses después. El mensaje quedó. El caso fue tratado por varios programas de tertulia como un ejemplo de "adoctrinamiento que hay que vigilar". Nadie entrevistó al profesor.

Medios y Cultura  

La transformación del ecosistema mediático no fue inmediata ni uniforme, pero fue radical. Tampoco fue impuesta. Fue, sobre todo, negociada. RTVE fue reformada para garantizar la pluralidad. En la práctica, se volvió un medio plano, sin audiencia. Los programas incómodos desaparecieron y los periodistas críticos fueron reubicados o despedidos. Algunos se marcharon. En realidad, nada parecía demasiado alarmante.

En los grandes grupos privados, la línea editorial se desplazó sin declaraciones solemnes. Se empezó a hablar de "realismo político", de "fatiga progresista", de "sentido común mayoritario". Las políticas del Gobierno se analizaban como hechos consumados. La crítica se volvió técnica, nunca moral. Pocos entre los medios más combativos sobrevivieron, y con dificultades: inspecciones fiscales, retirada de publicidad institucional, campañas de descrédito en redes amplificadas por portavoces oficiales. No hubo cierres. Hubo ahogamiento financiero. Un director de periódico lo resumió en privado: "No nos piden que aplaudamos. Nos piden que no estorbemos".

La cultura no fue censurada: fue clasificada y estrangulada. Las subvenciones se destinaron a proyectos considerados "constructivos, desideologizados, compatibles con una idea unitaria del país". Las obras críticas siguieron existiendo, pero en espacios muy marginales, con apenas financiación precaria, lejos del circuito institucional.

La cobertura cultural acompañó el giro. Se celebró el regreso de una cultura "sin sermones". Las obras incómodas fueron descritas como reiterativas, cansinas, fuera de época. "Ya no interesa ese tema", se convirtió en una forma elegante de cierre.

Democracia  

La represión, cuando llegó, no lo hizo con porras. Claro que hubo cargas contra manifestantes, pero se relataron como grupos violentos. Se retomó el concepto de kale borroka, que se aplicó lo mismo para protestas feministas que ecologistas o pacifistas. Cualquier grupo con una pancarta y un megáfono era kale borroka. Pero la verdadera represión, la criminal, llegó con formularios y acciones administrativas: ONG sometidas a auditorías constantes; medios digitales investigados por irregularidades fiscales menores; causas ejemplarizantes abiertas contra personas del ámbito público… Todo era legal. Todo estaba documentado. Los informativos hablaban de "cumplimiento normativo". La palabra "represión" quedó reservada para otros países.

Tras la entrada de Vox en el Gobierno, España no se convirtió en una dictadura. Se convirtió en algo más sutil: una democracia donde la crítica seguía siendo posible, pero no tenía canales y la acababas pagando con castigo económico, profesional o directamente violencia digital constante. El pluralismo existía, pero ¿quién quería ya formar parte de los y las perdedoras? Se estableció la idea, sobre todo desde los medios de comunicación "progresistas" de que a la izquierda la había hundido su propia arrogancia. Fue muy celebrado el artículo de opinión de un politólogo socialdemócrata que comparó la "superioridad moral de la izquierda" con la piedra del molino que se ata a la soga del ahogado. La ahogada, claro, era la izquierda. En cuanto a la izquierda, si hubiera tenido algo que contestar a eso, tampoco tuvo donde hacerlo.

Con Vox, el silencio acabó convirtiéndose, a menudo, en la opción más racional. El país no cayó. No podríamos decir que España pasara a ser una dictadura. Lo malo es que tampoco nos preguntamos si era exactamente una democracia. Probablemente, el espacio para hacerlo eran los medios de comunicación, pero los pocos que lo hicieron apenas tenían ya audiencia. En cuanto al resto, la gran mayoría de los medios no fueron solo testigos: fueron parte del mecanismo de ajuste, aceptando, adaptándose, explicando —con un lenguaje cada vez más neutro— por qué aquello que antes parecía inaceptable ahora era, simplemente, inevitable.