El pasado martes conocíamos la condena a once meses de prisión para 33 personas migrantes juzgadas por Marruecos por intentar cruzar a España a través de la frontera melillense el pasado 24 de junio. Se ha dado mucha prisa el régimen de Mohamed VI en ventilarse el proceso, si bien es cierto que hasta el próximo 27 de julio no serán juzgadas las otras 32 personas que anunció que serían procesadas, acusadas de tráfico de seres humanos. Coincide la noticia con la visita a Melilla del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar los hechos transcurridos hace un mes y ya juzgados en parte por Marruecos.

Las irregularidades alrededor de la matanza de la frontera sur, que según fuentes de las ONG se llevó por delante la vida de al menos 37 migrantes, continúan casi un mes después. Dada la escasa garantía judicial que destila Marruecos, cuyas vulneraciones de derechos humanos en sus procesos penales se han documentado de manera exhaustiva, sorprende el nulo escrutinio internacional que está teniendo el Juzgado de Primera Instancia de la localidad marroquí de Nador. En realidad, no sorprende tanto, pero sí acongoja asistir al teatrillo que la comunidad internacional ha montado una vez más para bailarle el agua a Mohamed VI.

El primero en someterse a Marruecos es el Gobierno de España, como demuestra su giro en la cuestión del Sáhara Occidental y cómo adopta una postura sumisa ante Mohamed VI, alabando la labor de su gendarmería mientras que Rabat critica a la Guardia Civil por su actuación en la frontera sur. La docilidad de Pedro Sánchez es tal que hubo de ser presionado por ONG, opinión pública, oposición y socios de coalición para que impulsara una investigación de los hechos y, con todo, la redujo al Defensor del Pueblo, con lo que ello conlleva... para empezar, acudir al lugar de los hechos casi un mes después.

Esta parsimonia por parte de España en el esclarecimiento de los hechos es inmovilismo absoluto en lo que se refiere a arrojar luz sobre la matanza. Los mayores esfuerzos se destinan a juzgar a quienes huían de la miseria y de la guerra en lugar de a sus asesinos en la frontera melillense. Ni siquiera han trascendido las labores de identificación de las personas muertas y que en un primer momento Marruecos quería enterrar junto a la investigación. Tampoco se han aportado mayores detalles de la situación de los migrantes hospitalizados y ante los que la policía marroquí levantó un muro aislándolos de los medios de comunicación para que no pudieran dar su testimonio.

Quienes sí lo dieron fueron los migrantes que consiguieron cruzar, cuyo relato fue recogido por el compañero Jairo Vargas, describiendo la masacre en la que, incluso, la gendarmería marroquí actuó en suelo español ante la pasividad de la Guardia Civil. Los testimonios de estas personas, así como de los familiares de las personas, en su mayoría procedentes de Sudán, que intentaron cruzar la frontera sur, niegan la teoría de las mafias a la que se han aferrado como a un clavo ardiendo Pedro Sánchez y el titular de Exterior, José Manuel Albares.

La laxitud de la ONU, que se limita a emitir recomendaciones para España y Marruecos, es lamentable. El respaldo de la Unión Europea a la actuación marroquí sin ni siquiera esperar a los resultados de la investigación, estremecedora. La Unión Africana, por su parte, se ha mostrado algo más contundente al haber calificado de "trato violento y degradante" el sufrido por los migrantes subsaharianos. Hoy ya no copará las primeras planas, pero aquella masacre del 24 de junio sigue extendiéndose en forma de opacidad, de procesos de dudosa legalidad y de un inmovilismo de quienes dicen defender los derechos humanos y que, en realidad, confían en que el paso del tiempo borre la memoria y con ello salvaguarde a los culpables de la matanza.