Esta semana leemos en la prensa que el pescado que consumimos tiene niveles alarmantes de mercurio y otros contaminantes, y que todo ello lo conocemos gracias a la perseverancia de la ONG Oceana, que llegó hasta los tribunales para ejercer un derecho que tenemos todos los ciudadanos europeos: el acceso a la información ambiental. Aún así, tardó tres años en conseguirla, y los ciudadanos siete en enterarnos desde que se acabarse este informe pagado con fondos públicos.

Efectivamente, el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, nos dan a todos los ciudadanos el derecho a solicitar cualquier información ambiental, y obligan a la administración a dárnosla.

Sin embargo, es el pan nuestro de cada día que las administraciones no nos contesten, sobre todo cuando lo que pedimos puede ser una información susceptible de ser utilizadas contra la misma administración, o contra algún poderoso sector económico del país.

En el reciente Debate de la Nación se aprobó una resolución sobre Transparencia y Gobierno Abierto, pero viendo lo que ocurre con la información ambiental, sospecho que aquí tardaremos en ver gobiernos transparentes. Y es que, en este país, si encienden la luz a más de uno se lo encontrarían en pelotas.