Con la última amnistía fiscal, Rajoy demostró una irritante propensión a confundir lo legalmente establecido con lo moralmente aceptable. Quienes se han acogido a ella para blanquear sus cuentas -a un precio insignificante, por cierto- están ahora en paz con Hacienda. Pero eso no es óbice para que su comportamiento previo y el del Gobierno que les ha perdonado merezcan un rotundo reproche social.

A Rajoy y a sus ministros, sin embargo, no se les ha oído decir algo tan evidente, ni siquiera para reconfortar a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Antes al contrario, se han limitado a defender las ventajas recaudatorias de la medida -que a la postre han quedado muy por debajo de las expectativas- y a recordar que los socialistas tampoco tuvieron empacho en tomarla cuando gobernaron.

Que uno de los beneficiados por la amnistía fiscal haya sido Luis Bárcenas es un macabra broma del destino. El extesorero del PP ha lavado mediante ese procedimiento más de diez millones de euros que permanecían opacos a los ojos de Hacienda, además de dejar en ridículo al ministro Montoro, que se atrevió a negarlo formalmente sin comprobar siquiera si su antiguo compañero de partido se la había jugado.

La misma laxitud moral que con la amnistía fiscal está demostrando Rajoy a propósito de los supuestos pagos extrasalariales que habría recibido durante años buena parte de la cúpula del PP. Según las revelaciones periodísticas publicadas hasta ahora, se trata de cientos de miles de euros que Bárcenas repartió a troche y moche entre 1990 y 2008. Un dinero procedente de donaciones realizadas mayoritariamente por empresas del sector de la construcción, el más dependiente de las concesiones públicas.

En su bochornosa comparecencia del sábado -que los periodistas tuvieron que seguir por televisión y sin posibilidad, por tanto, de hacer preguntas- Rajoy insistió en que nunca ha existido contabilidad B en el PP. Y que, en consecuencia, todos los cobros y pagos han discurrido siempre por el circuito legal, sin escamotear un euro a Hacienda y con todas las bendiciones del Tribunal de Cuentas.

A esa conclusión habría llegado la irrisoria auditoría interna llevada a cabo por la actual tesorera, que es una funcionaria del partido, subordinada de la secretaria general y del propio presidente, ambos implicados por Bárcenas en sus papeles. ¿Cabía esperar acaso que el resultado fuese otro cuando la encargada de fiscalizar las cuentas del PP ni siquiera goza de una condición tan indispensable como la independencia?

Pues bien, aunque fuera así, aunque todo el dinero fuese limpio, lo que Rajoy no ha negado tajantemente todavía -ni siquiera ayer lo hizo en Alemania- es que los sobresueldos existieran. Más aún: si las anotaciones manuscritas de Bárcenas tienen su asiento correspondiente en la contabilidad oficial, será porque existían. Y da igual que tuviesen por objetivo recompensar fidelidades, conceder préstamos a algunos dirigentes o comprar trajes y corbatas al presidente.

Dicho de otro modo: puede que todo fuese legal, pero no dejaría de ser una inmoralidad que la cúpula del PP se llenase los bolsillos con las donaciones que recibía el partido. Y, en toda democracia sana, una inmoralidad institucionalizada debe tener consecuencias tajantes, si no judiciales, sí cuando menos políticas.