Quizás como una consecuencia más de la cultura política de la Transición, se ha instalado la costumbre de proclamar permanentemente la necesidad de un “amplio consenso”. Portavoces parlamentarios, dirigentes empresariales, líderes sindicales y analistas mediáticos coinciden a la hora de argumentar ante cualquier noticia o situación la conveniencia urgente de establecer un “amplio consenso”. Si se discute sobre asuntos trascendentales para las presentes y las futuras generaciones como la reforma educativa, es preciso un “amplio consenso”; si se trata de intentar poner fin a la endogamia en la carrera judicial, hay que lograr previamente un “amplio consenso”. Para qué mencionar cualquier propuesta de actualizar la Constitución de 1978, aunque sólo fuera para dejar claro que la mujer y el varón tienen los mismos derechos en la sucesión de la monarquía.

Hay quien propone cada otoño un “amplio consenso” para elaborar los Presupuestos del Estado, herramienta que define la política de quien gobierna. Da la impresión de que se confunde el “amplio consenso” con lo que debería ser simplemente un ejercicio de responsabilidad. Por ejemplo, un líder político responsable no debería poner en entredicho todos los días la solvencia del Estado ni la constitucionalidad de las principales leyes que el Parlamento aprueba por mayoría. Eso sí, no es malo que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen. Con o sin “amplio consenso”.