Franco, que además de bajito era muy pitoniso, ya predijo lo que pasaría cuando, tras descender del helicóptero y echar un vistazo a la cruz de su pirámide, inauguró el 1 de abril de 1959 el Valle de los Caídos, a cuya basílica, como no podía ser de otra manera, entró bajo palio: “Mucho fue lo que a España costó aquella gloriosa epopeya de nuestra Liberación para que pueda ser olvidada; pero la lucha del bien con el mal no termina por grande que sea su victoria. Sería pueril creer que el diablo se someta; inventará nuevas tretas y disfraces, ya que su espíritu seguirá maquinando y tomará formas nuevas, de acuerdo con los tiempos. La antiEspaña fue vencida y derrotada, pero no está muerta”. Se palpaba el espíritu de reconciliación hasta en las preposiciones.

La diabólica antiEspaña ha maquinado mucho y ha hecho demasiadas veces el ridículo, especialmente con una ley de Memoria bochornosa que se inventó diplomas de represaliado en vez de anular las condenas de la dictadura y descargó la responsabilidad del Estado de encontrar a las víctimas en sus familias o en las asociaciones que aún escarban en las cunetas. Con el cuento de agitar rencores se han ignorado las diatribas de la ONU y del Consejo de Europa y se ha consentido que esta pretendida democracia ocupara, tras Camboya, el segundo lugar del ranking mundial en número de desaparecidos. Con la excusa de no reabrir heridas se han mantenido sangrantes las de aquellos que veían como sus seres queridos seguían figurando en los registros oficiales como criminales y delincuentes mientras sus denunciantes, torturadores y verdugos se mantenían en el anonimato. Se han visto, en efecto, demasiadas tretas y disfraces.

Con el escepticismo de quienes durante más de 40 años han contemplado cómo se glorificaba a un asesino y se depositaban a diario flores frescas sobre su lápida, los diablos socialistas se proponen ahora hacer lo que la dignidad y la justicia aconsejaban haber hecho hace ya demasiado tiempo: anular los juicios sumarísimos por los que, sin garantías de defensa, fueron condenados decenas de miles de compatriotas; colocar bajo la tutela del Estado todas las exhumaciones; prohibir la apología de un régimen criminal como el franquismo; y sacar la momia de Franco de su mastaba y devolverla a su familia, un imperativo moral que no precisa de forenses.

Importa muy poco que la iniciativa sea, como ya denuncia el PP, un golpe de efecto de un Gobierno en minoría porque ya va siendo hora de que se honre y rehabilite la memoria de los asesinados del bando republicano durante la Guerra Civil y la represión política posterior, tan salvaje que hacía incomprensible aquel bando final que declaraba cautivo y desarmado al Ejército rojo. Las acusaciones de guerracivilismo que algunos pronuncian hoy sólo pueden provocar carcajadas.

Ha llegado el momento de aprender de Franco y sus reparaciones, que fueron inmediatas antes incluso del final de la guerra. He aquí los ejemplos:

1- El decreto de 18 de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. La ley 13 de diciembre de 1940 extendió estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra o fueron ejecutados.

2- Otra ley de julio de 1941 creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña con el fin de conceder pensiones extraordinarias a sus familiares. Ese mismo año, la ley de 31 de diciembre hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra de 8 de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934” a los que se calificó de muertos en campaña.

3- Por ley de 25 de agosto de 1939 se aprobó el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en las categorías inferiores de las plantillas de la Administración.

4- Sobre la localización de las víctimas, una orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “de cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”.

No se pueden reabrir las heridas que siguen supurando. Aunque sólo fuera por cerrar este ignominioso capítulo de nuestra historia habría merecido la pena este Gobierno imposible. La antiEspaña derrotada no pretende ganar la guerra que perdió sino honrar a unos muertos que son de todos y cuyos huesos se pudren en fosas comunes, bajo las tapias de los cementerios o se amontonan por miles en el columbario del Valle de los Caídos. “Me decían –apuntaba Camus- que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría”. Aquí han sido demasiados.