Pese a la insistencia del Gobierno en el carácter “excepcional” de la situación económica, Mariano Rajoy parece que no la considera tan excepcional como para comparecer de forma urgente en el Congreso ni ante los periodistas.

La última vez que se dirigió a la ciudadanía fue para leer los nombres de su equipo de Gobierno en vísperas del sorteo de la Lotería, sin admitir preguntas. No tiene previsto hacerlo (en principio) hasta después de la próxima cumbre europea, convocada para el 30 de enero.

Una semana después de enviar a su vicepresidenta y a los tres responsables de las carteras económicas a anunciar el impuestazo, ayer apareció en soledad Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y portavoz para explicar que el Consejo de Ministros no había tomado ninguna decisión de relieve, aunque había estudiado sendos informes de Cristóbal Montoro sobre fraude fiscal, reforma del sistema financiero y reducción de empresas y organismos del sector público. Por anunciar algo, se comunica que el objetivo de recaudación en la lucha contra el fraude en 2012 es menor que la conseguida en 2011, o que se limitará el uso del pago en efectivo para frenar la economía sumergida.

El Gobierno estudia medidas casi copiadas de las propuestas por PSOE, IU o ATTAC, por ejemplo, lo cual no es criticable, pero sí el hecho de que no tenga un plan propio y claro para superar la “excepcionalidad” del momento. Lo más grave sería que Rajoy no hable porque no sepa qué decir.