JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

La autonomía de las escuelas a la hora de determinar sus plantillas, sus prácticas docentes y la organización de sus recursos se está planteando en los últimos tiempos como uno de los elementos esenciales de las reformas educativas. Detrás de las iniciativas destinadas a incrementar la autonomía de los centros educativos se sitúan, esencialmente, motivos de dos tipos.

Por una parte, se pretende favorecer las iniciativas de los profesionales de cada escuela, que pueden contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje debido al conocimiento cercano de las necesidades específicas de sus usuarios. La intención, en este sentido, es aligerar a las escuelas de restricciones jerárquicas y burocráticas que dificulten el éxito, por ejemplo, de un buen liderazgo ejercido por un equipo de dirección.

Por otra parte, la autonomía de las escuelas se puede plantear como una forma de favorecer la elección educativa por parte de las familias: la autonomía contribuye a “diversificar el producto” y es, así, un buen instrumento si lo que se pretende es fomentar que los demandantes de educación, las familias, tengan capacidad para optar entre una diversidad de tipos de enseñanza para sus hijos e hijas.

La autonomía de las escuelas ha despertado, tradicionalmente, recelos y objeciones importantes en amplias zonas de la comunidad educativa. Se sostiene, desde estas posiciones de objeción, que una mayor autonomía conduce también a mayores desigualdades; un sistema educativo centralizado y lo más homogéneo posible sería el mejor camino para evitar que las desigualdades sociales fueran reproducidas de forma ampliada en la escuela. No conviene descartar estos argumentos sin prestarles suficiente atención.

¿Es posible encontrar una posición de equilibrio entre la alternativa de la homogeneidad, con sus problemas potenciales de exceso de rigidez, y la alternativa de la autonomía, con sus problemas potenciales de mayor de-

sigualdad?

No resulta sencillo, pero existen dos elementos que pueden ayudar en la consecución de tal equilibrio. Me refiero a la evaluación, por una parte, y, por otra, al seguimiento y compensación de las escuelas con peor rendimiento. La evaluación de resultados de los alumnos y la evaluación institucional proporcionan a la administración educativa información acerca de hasta qué punto los procesos (autónomos, en su caso) en cada escuela son eficaces. En el contexto de búsqueda de equilibrio entre autonomía e igualdad al que me refiero, la evaluación sirve para identificar aquellas escuelas cuyo rendimiento sea especialmente bajo e identificar las causas que lo explican. A partir de esa información resulta posible efectuar acciones focalizadas en las escuelas que necesitan un apoyo especial, con el objetivo de garantizar que las mejoras potenciales causadas por la autonomía no se concentran únicamente en algunos centros selectos.

De este modo, lo que ahora parece la cuadratura del círculo, una autonomía igualitaria, puede no serlo en el futuro, como ha sucedido en países como Suecia y Finlandia.