Las bombas de Leoncio

Según The New York Times, Gadafi está utilizando en su asedio a Misrata bombas de racimo españolas, fabricadas en Instalaza -una empresa armamentística aragonesa presidida por Leoncio Muñoz-, que junto a Expal se encargaba de proveer a los ejércitos de un tipo de munición cuya especialidad es no discriminar entre combatientes y civiles y que tienen la terrible virtud militar de convertirse en algo parecido a la minas antipersonal cuando quedan sin explotar, lo que ayuda a golpear al enemigo por partida doble, antes y después de los bombardeos.

En España está prohibida su producción, almacenamiento y comercialización desde 2008, cuando se firmó el Tratado internacional por la prohibición de las bombas de racimo (Tratado de Oslo). En la visita de amistad de Gadafi a España de 2007, Instalaza se las vendió al coronel libio. Sabíamos que España había vendido armas a Gadafi, pero el montante no era tan elevado como el de otros países europeos y no le dimos demasiada importancia. Sin embargo, demasiadas veces, con relativamente poco dinero se consigue comprar armas capaces de masacrar poblaciones enteras. Si bien es cierto que el principal responsable de las muertes y mutilaciones que provoquen estas bombas es Gadafi, quien viene a continuación en la escala de responsabilidades es quien se las vendió. El señor Leoncio hace mal en producir productos que causan sufrimiento, dolor, muerte y destrucción. Claro, aducirá que de algo tiene que vivir, pero nuestra tarea es al menos pedirle cuentas desde un punto de vista ético y animarle a ganarse la vida fabricando otra cosa.

Pero, las ventas de armamento son aprobadas por el Gobierno español, así que la responsabilidad política hay que pedírsela a quienes aprobaron esta transacción. Sus firmas aparecerán en algún documento oficial (y secreto para la ciudadanía). Las bombas de racimo no estaban prohibidas por ley cuando se vendieron a Gadafi, por tanto la operación es, en este sentido, legal. Pero olvidamos que existe desde 1998 un Código de Conducta sobre la exportación de armas en la UE, que España, en éste y otros muchos casos, se ha saltado a la torera. Entre otros, esta normativa europea establece como criterio para no vender armas, que el destino final sea un país donde no se respeten los derechos humanos. Libia, ahora y en 2007, estaría sin lugar a dudas en esta lista.

Pudiéramos pensar que la prisa en aplicar el Tratado de Oslo en España en 2008 se debió a cierta intención de compensar las ventas de esta terrible arma a este terrible dictador. Pero no hay nada más lejos de la realidad. España acudió a la Conferencia de Dublín donde se firmó el documento final del tratado con un posicionamiento muy claro, excluir de la prohibición un tipo de munición de racimo, con unas características técnicas que coincidían plenamente con las de la empresa aragonesa, que ahora causa muerte entre la población Libia. Desafortunadamente para don Leoncio, en materia de política internacional, lo que diga España no es influyente y el Tratado de Oslo obligó a dejar de producir esta munición de racimo. Instalaza parece que ha entrado en problemas económicos como consecuencia de esta decisión, pero no ha dejado de anunciar de manera muy visible en su página web esta bomba prohibida y rechazada internacionalmente. ¿Por qué no explica el Gobierno por qué se le vendieron armas a Gadafi que se sabía que no cumplían con la normativa internacional humanitaria y cuya transacción no respetaba el Código de Conducta de la UE existente al respecto? ¿Qué nos debería explicar don Leoncio de sus bombas y de sus clientes? ¿Por qué no deja de ofrecer esta bomba que tiene prohibido producir y vender?