Jorge Calero

La nueva prestación de apoyo a los parados de larga duración sin otra cobertura es un claro ejemplo de una buena medida mal aplicada. Además, en este caso, una mala aplicación puede poner en riesgo la eficacia total de la medida. Se trata de una buena medida porque cubre adecuadamente dos flancos. Por una parte, el estrictamente relacionado con las necesidades de un colectivo muy acotado. Por otra, el vinculado con el apoyo a la reactivación económica, por medio de la canalización de renta que se destinará casi inmediatamente al consumo. Además, la cuantía de la prestación (420 euros mensuales) se establece en un nivel que difícilmente va a causar desincentivos a la reincorporación al trabajo de los desempleados. La medida tiene un carácter temporal, lo que refuerza su función anticíclica.

Hasta aquí, todo bien: desde luego, siempre llegará alguna crítica desde el integrismo liberal, pero, como medida, es mucho más sólida y razonable que la desgravación de 400 euros anuales en el IRPF. Sin embargo, su aplicación está siendo manifiestamente mejorable, transmitiéndose una sensación (justificada o no) de improvisación por parte del Gobierno. En especial, llama la atención que un elemento crucial de la medida, la delimitación de las personas beneficiarias (en función de la fecha en que estas reunían las condiciones de desempleo sin cobertura), haya sido tratado de una manera tan poco consistente. Parece claramente recomendable que, en general, este tipo de decisiones se formule con precisión y claridad. Pero lo es mucho más cuando estamos hablando de un colectivo afectado que se encuentra, actualmente, en una situación de necesidad e incertidumbre. Las idas y venidas en cuanto a las fechas tienen en este caso, como en pocos otros, un efecto poco tranquilizador.

¿Qué ha sucedido para que se alcance esta situación? Los procesos de negociación del Gobierno (tanto internos como externos) no son sencillos en un momento de dificultades presupuestarias muy acusadas. El Gobierno ha tenido la voluntad, además, de buscar el consenso con los agentes sociales. En todo caso, se debería tomar nota de que conviene alcanzar decisiones después de la negociación y no antes de ella. La ampliación del plazo de retroactividad, desde el 1 de agosto inicial hasta el finalmente acordado del 1 de enero, supone un avance sustancial en la universalización de la medida: el colectivo beneficiario se sitúa en torno al 85% del total. Pero podemos preguntarnos, entonces, qué sucede con el 15% restante. Resulta difícil de justificar que la medida no atienda, precisamente, a los que más meses llevan fuera del mercado de trabajo.

En mi opinión, si la medida no estaba destinada a ser universal, habría sido más razonable incorporar inicialmente a los colectivos con más meses de desempleo sin cobertura y no justamente al contrario. Este tipo de detalles de aplicación, en una medida tan sensible, no son triviales. Pueden echar a perder la legitimación y el efecto deseado de una medida que podría haber sido intachable.

Catedrático de Economía Aplicada