RAMÓN COTARELO

La financiación es la asignatura pendiente de la cuestión autonómica que, a su vez, es la asignatura pendiente de la democracia española. El modelo unánime de 2001 ya no es unánime y levanta quejas en las CCAA de mayor nivel de renta, especialmente en Cataluña, que ve cómo el cupo de financiación por habitante en las CCAA más pobres es mayor que en las más ricas, que son quienes transfieren parte de sus recursos. Por esta razón, la Generalitat pidió reformar el modelo limitando la solidaridad, para que Cataluña no descienda en la jerarquía de CCAA por niveles de renta.

Como suele suceder cuando los catalanes cuantifican su relación con el Estado, se desató una campaña en contra de ellos acusándolos de insolidaridad y de acudir a la vía bilateral chantajeando al Gobierno socialista, que depende de los 25 diputados del PSC en el Congreso. A su vez, el Gobierno apuró los plazos de la negociación creyendo que sus atenciones hacia Cataluña en la legislatura anterior le habían costado votos en el resto de España y a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Al final, Rodríguez Zapatero negocia la reforma primero con los catalanes y luego con las demás autonomías del régimen común hasta que se acuerde una fórmula aceptada multilateral y unánimemente, demostrando que el bilateralismo Cataluña-Estado no obsta (como ya se dice en el Estatuto) para que el Principado se integre en la fórmula multilateral.

Esta –que va aceptándose en líneas generales, aunque persistan discrepancias–, parece que tendrá éxito (como se intuye por la aceptación de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, que incluso han ido en contra de la opinión de su partido), porque parte de un principio paretiano de que todos mejorarán su posición, aunque unos más que otros.

La solidaridad se ejercerá en el grueso del cupo de la financiación –entre un 65 y un 75% del total– y se centrará en la educación, la sanidad y los servicios sociales, como proponían los catalanes. El criterio determinante será la población, pero nivelado por factores de compensación, en los que también hay discrepancias nada fáciles de acomodar. El objetivo es otro óptimo paretiano de que todas las CCAA tengan análogo cupo de financiación por habitante. El monto sobrante favorecerá a las CCAA más dinámicas y que generen mayores impuestos, con lo que se eliminará el factor de distorsión antes mencionado.

Asimismo, se incrementarán las aportaciones directas del

Estado, se creará un fondo nuevo de equiparación y se aumentará la participación de las CCAA en

el gasto público hasta un 50%, pero es de temer que la nueva fórmula tampoco cierre el modelo de financiación.

Su conclusión final no se conseguirá en tanto funcione el

modelo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que las CCAA negocian con el Estado (bilateralmente o multilateralmente, da igual), como si las unas y

el otro no fueran lo mismo.

Lo lógico sería que el proceso se hiciera multilateralmente

–sin la presencia del Estado–, por negociación entre las CCAA entre sí, bajo su responsabilidad directa en el marco de un Senado operativo –no como el que existe actualmente– y siguiendo, en

este sentido, el ejemplo alemán.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencia Política