JORGE CALERO

El sector público se ha ido retirando, paulatinamente, de la producción directa de la mayoría de los servicios que presta a los ciudadanos. Esta retirada ha abierto las puertas a la competencia. Empresas y, en su caso, entidades sin ánimo de lucro compiten entre sí para prestar sus servicios en ámbitos tan dispares como el cuidado de los ancianos o las instalaciones polideportivas. Esto ha sucedido en España durante los últimos 20 años. En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos (por ejemplo, los gobernados por el Partido Popular) el proceso se ha efectuado de forma muy intensa y desinhibida. Sin embargo, el fenómeno es mucho más extenso y abarca la práctica totalidad de las administraciones públicas. De hecho, la opinión pública no ha registrado todavía la magnitud del cambio: en la actualidad, el papel del sector privado se da por descontado en amplísimas zonas de los servicios que tradicionalmente había prestado directamente el sector público.

El impulso ideológico de este proceso procedió, como es lógico, de posiciones liberales. La respuesta que ha generado en posiciones progresistas ha sido, en mi opinión, insuficiente y a menudo mal enfocada. Cuando se ha tratado de dar una respuesta desde la oposición esta se ha basado, sobre todo, en limitar el impacto de las reformas sobre los derechos de los trabajadores. En las administraciones gobernadas por partidos progresistas se ha aceptado, frecuentemente de forma acrítica, la inevitabilidad del proceso. En cualquiera de los dos casos ha pasado a un segundo plano una cuestión que considero crucial: cómo garantizar la calidad de los servicios para los ciudadanos.

Desde que se empezaron a estudiar seriamente estas reformas privatizadoras, en los países anglosajones en la década de 1980, se identificó la cuestión de la calidad como su punto más débil. Cómo evitar que las empresas, con objeto de reducir sus precios, erosionen la calidad de los servicios. Existen una diversidad de soluciones específicas para evitarlo, que empiezan en el diseño de los concursos y continúa con la evaluación del servicio. Pero, aunque las administraciones han aprendido a externalizar y privatizar, no han aprendido cómo hacerlo bien. Una y otra vez nos encontramos ejemplos de malos servicios que quizás salen baratos a la administración, pero que finalmente no proporcionan lo que necesitan los ciudadanos.

Y no hay que olvidar una cuestión: aunque sean entidades privadas las que producen los servicios, los que financian siguen siendo los gobiernos y, por tanto, los ciudadanos. En ellos reside la decisión última acerca de qué nivel de calidad es exigible y si este se alcanza. La calidad es importante en servicios que podríamos definir como “dirigidos a la propiedad” (pensemos, en los servicios urbanísticos o los de recogidas de residuos urbanos, por ejemplo). Pasa a ser no ya importante sino crítica cuando nos referimos a servicios básicos de atención a las personas, como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Catedrático de Economía Aplicada