Las complicaciones en la resolución del secuestro del Alakrana, tras el desembarco de tres de sus tripulantes para ser entregados a las familias de los dos piratas encarcelados en Madrid, han vuelto a poner de manifiesto que su traslado a España por orden de Garzón fue un colosal error que podía haberse evitado con la entrega de los apresados a Kenia, país que mantiene un convenio con la Unión Europea para este tipo de casos. No es casualidad que el nuestro sea el único país que ha llevado ante sus tribunales a piratas somalíes. El segundo error fue de cálculo: quienes pensaban que los asaltantes del atunero cogerían el rescate y se olvidarían de sus compañeros estaban equivocados.

La actuación de Garzón merecería un capítulo aparte, aunque de nada serviría lamentarse. Partimos de acciones irreversibles. Tenemos, por un lado, a dos piratas adultos entre rejas, que no pueden ser excarcelados ni canjeados sin hacer fosfatina el Estado de Derecho; y, por el otro, a unos bucaneros que exigen para liberar al barco y a su tripulación no sólo dinero sino también la devolución de sus compinches. En medio del callejón sin salida se encuentra el Gobierno, cuya principal obligación es preservar la vida de los marineros del Alakrana y no ponerla en riesgo de manera innecesaria.

No hay que ser muy avispado para reconocer que el caso sólo tenía dos posibles soluciones: la primera, consistía en prolongar las negociaciones el tiempo necesario para convencer a los secuestradores de que olvidasen a sus colegas de armas, a los que siempre podrían enviar tabaco a galeras con la calderilla del botín; la segunda era tomar el buque al asalto al menor signo de que la vida de los tripulantes estuviera en peligro. Para conjurar esta segunda opción, los somalíes, que son piratas pero no imbéciles, han tomado rehenes entre los rehenes, lo que complica aún más el asunto y pone en evidencia la vigilancia que la fragata Canarias ejercía sobre el pesquero.

Si antes era difícil asegurar la integridad de los marineros, ahora resulta imposible porque el paradero de varios de ellos es un misterio. Es de suponer que el Ejecutivo no habrá descuidado sus obligaciones y que, a lo largo del mes largo de secuestro, se habrá trabajado en un plan de rescate con fuerzas especiales del Ejército o de la Policía. ¿Estamos preparados para elegir entre dos males?