Acción, reacción. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el auto del magistrado Pablo Llarena que procesa a la cúpula soberanista catalana, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por el delito de rebelión que puede castigarse con 30 años de prisión. Casi al mismo tiempo, desde la capital alemana Angela Merkel, interrogada en rueda de prensa inmediatamente posterior a su reunión con Pedro Sánchez por la extradición del anterior president de la Generalitat, manifestaba: "Todo se está desarrollando según el claro procedimiento de un Estado de Derecho y en tanto que ambos somos Estados de Derecho no hay ningún problema en ello."

De la llave de Angela Merkel depende hoy que se abra el candado de Llarena. Si extradita a Puigdemont a Madrid, el cerrojo del juez estará tan bien cerrado como deseaba Franco cuando expresaba su deseo de dejarlo todo atado y bien atado, sobre todo en Cataluña y Euskadi. La clave está en que el tribunal alemán acepte tipificar como delito de rebelión la conducta política de los líderes nacionalistas catalanes. No parece muy probable que esto sea posible en un Estado de Derecho, de ahí que la canciller lo reiterara. Tanto es así que incluso la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo no descarta que los hechos puedan ser calificados con otra tipificación penal.

De Rajoy a Pedro Sánchez, España ha dejado jurídicamente de ser diferente. El eslogan turístico de Fraga, retomado judicialmente por el magistrado Llarena, apenas tiene algún recorrido, porque con el nuevo gobierno democrático es casi seguro que se proceda a modificar la calificación del delito de rebelión de infausta memoria, ya que fue el utilizado por los rebeldes franquistas para procesar a los defensores de la legalidad democrática después de la sublevación fascista contra la II República. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la Fiscal General del Estado, María Jesús Segarra, tienen pendiente como tarea judicial adecuar el aparato de Justicia al existente en la Unión Europea.

Desde que la Causa General contra la anterior Generalitat fuera ayer instruida, hasta hoy, que ha sido ratificada, y mañana, en otoño el Tribunal Supremo celebrará el macrojuicio, el contexto político ha variado sustancialmente y, sobre todo, va a hacerlo aún mucho más. La maquinaria del Poder Judicial sigue su curso, aunque ya no va acompañada del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo. Ni siquiera va a contar con toda la Brigada Mediática Brunete, puesto que los medios de comunicación públicos es bastante probable que dejen de entonar el "a por ellos" que practicaban contra la España Plural. Los tiempos de confrontación, propios de Rajoy y Rivera, están siendo sustituidos por los del diálogo.

Pedro Morenés– por cierto, ¿qué hace Josep Borrell que no nombra ya un embajador en Washington que sustituya a este negociante de armas?–, Albert Rivera y Rafael Hernando juegan al choque de trenes de Cataluña con España. Pero este juego, hoy sin el PSOE, ha entrado en una vía muerta. Ya sólo lo juegan los que cantaban a coro "soy el novio de la muerte", bien por herencia joseantoniana, o bien por negocios. Ahora no hay, ni parece que pueda haber en el horizonte inmediato, una sola sigla democrática que se apunte a este negociado. Por muchas que puedan ser las diferencias en el seno de la mayoría parlamentaria, sobre las que se sostiene Pedro Sánchez, ninguna se atrevería ni siquiera a plantearse en serio la ruptura. Quien cayera en esa mala tentación lo pagaría en las urnas.