Leía el otro día una noticia que me dejó de piedra. Se trata de un matrimonio de Barcelona que, tras pasar unos días de vacaciones, regresó a su casa y se encontró con la desagradable sorpresa de que alguien se había incautado de ella, había cambiado la cerradura y no les dejaba entrar. La cosa acabó en los juzgados, aunque no entiendo por qué la policía no resolvió expeditivamente y en primera instancia el caso. Dieciséis meses después de los hechos, un juez ha dictaminado que el ocupante ilegal del piso no debe ser desalojado, porque está acreditada su “precariedad económica”. Esta podría ser la segunda parte de mi artículo del lunes, “Qué bonito es ser juez”. Puestos a redactar la crónica de los absurdos judiciales, a fe que nos encontramos con otro ejemplo palmario y alucinante.

Resulta imposible leer un relato como este y quedarse indiferente. Al fin y al cabo, la casa es una extensión simbólica de la persona, como saben muy bien los escritores, los artistas en general y los cineastas en particular. Lo que le ha ocurrido al matrimonio de Barcelona (Josep Mediñà y Antònia Veredas, así se llaman) equivale a una doble violación, premeditada y alevosa. De pronto, se han encontrado en la calle, sin sus muebles y los recuerdos de toda una vida, mientras alguien se sentaba en su sala de estar y reía por lo bajini.

Cuando tanta gente no puede acceder a una vivienda por culpa de los abusos del mercado, esta historia provoca una emoción feroz por su carácter agudamente paradójico. Me pongo en el lugar de Mediñà y Veredas. Un juez ha dicho que tienen razón, pero ya no tienen casa. ¡Manda huevos!