Gracias al PP, cuya experiencia en temas de fraude está internacionalmente acreditada, hemos descubierto que algunos parados llevan una ominosa contabilidad B que avergüenza a los hombres y mujeres de bien de este país. Su estafa está muy elaborada porque ni siquiera se llevan el dinero a Suiza, donde gracias a Falciani sería posible seguirles la pista, sino que se lo gastan todo aquí, en comida para sus hijos, en pagar la luz y el agua y hasta en trampear con el casero para que nos les eche de casa.

Son un hatajo de avaros que no se conforman con los 500 euros del subsidio que el Estado les facilita para que estén a la sopa boba un tiempo y se transforman en buzos de la economía sumergida a los que les trae al pairo la situación nacional, los mercados de deuda –sólo miran la suya-, el déficit público y la curva de Laffer. Si algo les define es su insolidaridad. Sólo piensan en ellos y en sus familias, como si no existiese nada más en la vida.

A esta gentuza había que hacerles frente de una vez por todas, ya que a lo tonto nos están jodiendo una estadística en la que vamos divinamente y que es la de la pobreza severa. Según esos rojazos de Cáritas, los españoles que viven con menos de 307 euros al mes son ya tres millones, un 6,4% de la población, y podrían ser más de no ser por esta caterva de delincuentes profesionales. Dice Intermon que en 2025 sería el 42% el que podría encontrarse por debajo del umbral de la pobreza. Así que no lo fastidiemos.

Para esta bolsa de defraudadores sólo cabe la persecución implacable, porque son tan miserables que ni Montoro, que es un mago para las amnistías fiscales, sería capaz de diseñar el formulario correspondiente. Lo que nos ahorremos en prestaciones sociales siempre podrá ir a salvar bancos, a otro plan Pive o a pagar a las compañías eléctricas, que esas sí que sufren con el déficit de tarifa.

Sean 5.000 o medio millón, que la vicepresidenta del Gobierno tiene mucho interés en el tema pero no termina de aclararse, estamos ante un asunto de Estado sobre el que no se puede pasar de puntillas. El peso de la ley –cada vez mayor porque Gallardón no deja de ampliar el Código Penal y ya se parece al Espasa- ha de caer sobre ellos sin piedad. Y si hay que delatar al vecino usando el ciberbuzón de denuncias anónimas que ha creado el Ministerio de Empleo se manda el e-mail desde el smartphone, que a modernos no nos gana nadie.

La cifra, por otro lado, es lo de menos. Sáenz de Santamaría aplicó probablemente el porcentaje que es usual en su partido, donde la cuarta parte de la dirigencia se lo lleva crudo y en sobres. Es posible que hoy algunos de estos parados defraudadores salgan a la calle en las manifestaciones del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Sería un buen momento para que Báñez mande a sus inspectores.