Es pronto para conocer el secreto, pero a día de hoy caben al menos dos posibilidades: o bien Zapatero sirve en la Moncloa una cecina leonesa alucinógena que enamora al visitante o bien el Partido Popular se ha especializado en el difícil arte de pegarse tiros en las rodillas. El caso es que, hace sólo dos semanas, el presidente del Gobierno afrontaba una presión seria en sus propias filas a cuenta del nuevo modelo de financiación autonómica y el cumplimiento de lo pactado en el Estatut de Catalunya.

Hoy, 27 de diciembre, da la impresión de que el problema lo tiene el propio PP, incapaz de articular un discurso coherente entre la dirección nacional y los barones o baronesas territoriales. La penúltima prueba del desconcierto la ofrecía Esteban González Pons, a quien le tocó hacer la guardia navideña como portavoz del PP. “Sé que nos vamos a oponer, aunque todavía no sabemos nada del nuevo modelo”, afirmó categórico. Sonoro regreso al rancio “de qué se trata, que me opongo”.

El Gobierno no lo tenía fácil ni aún lo tiene para resolver lo que Pedro Solbes describió como un “sudokuSDRq, pero se ha entrado ya en la fase caliente de un proceso negociador que terminará bien, mal o regular; lo único seguro es que acabará dejando a más de uno con las vergüenzas al aire. La necesidad de revisar el modelo de financiación es evidente a la vista de datos como el crecimiento de la población, el envejecimiento, la evolución de la renta per cápita por comunidades, los costes en educación, sanidad y servicios sociales, la inmigración, etcétera. Recordar algo tan obvio sólo es necesario cuando algunos se empeñan en explicar estas negociaciones como si vinieran impuestas exclusivamente por la letra del nuevo Estatut de Catalunya.

Volver a pasear los viejos fantasmas de la supuesta “voracidad catalana” o el “chantaje nacionalista” resulta cansino a cualquier oído mínimamente informado, aunque no por su falsedad el mensaje deja de tener eco en amplios sectores de la derecha y de su telaraña mediática. Ese discurso quedó hecho trizas la tarde en que Esperanza Aguirre salió de la Moncloa “encantada” con la receptividad de Zapatero a sus reclamaciones; Francisco Camps intentó dos días después mostrarse menos eufórico, pero también se declaró “muy satisfecho”.

Los compromisos

No se ha manejado una sola cifra. El Gobierno se ha comprometido a poner por escrito la próxima semana las bases sobre las que descansará el nuevo modelo teniendo en cuenta la realidad de las necesidades autonómicas. Lo cual significa no sólo cumplir el compromiso con Catalunya de reducir la clara desproporción entre lo que sus ciudadanos aportan al modelo y lo que reciben, sino también contemplar el aumento de población en Valencia o su dispersión en Galicia o su envejecimiento en Asturias.

Se trata de establecer unos criterios transparentes y actualizados en la llamada nivelación o redistribución de recursos entre las autonomías. Será complejo poner números a esa letra, pero cuesta creer que un responsable autonómico rechace la posibilidad de presumir en su tierra de mejores recursos para la sanidad, la educación o la dependencia. Otra cuestión es lo que cada Gobierno en su autonomía hace con la gestión de ese dinero; si lo derrocha o no; si su déficit tiene justificación. Las culpas se pagan en las urnas.

Ayer, el PP reunió a los responsables económicos de las autonomías que gobierna para intentar poner un poco de orden en ese discurso dinamitado por Aguirre y Camps. Insiste en la obviedad de que hay que garantizar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y en que no aceptará discriminaciones a favor de nadie, aunque sigue sin explicar la fórmula que propone para que esa igualdad sea una realidad económica y social, y no sólo un principio constitucional.

Si las negociaciones siguen avanzando y dan algún fruto, el PP deberá afrontar la difícil tarea de conciliar el interés de los ciudadanos a los que gobierna y el discurso de quienes en sus propias filas, bien acompañados por Rosa Díez y otros espontáneos, reclaman una marcha atrás en el Estado de las autonomías. Los mismos que hace cuatro días celebraban las mil y una bondades de una Constitución que proclama el Estado de las nacionalidades y regiones; los mismos que aborrecen de cualquier reforma de la sacrosanta Carta Magna, abogan con una determinación jacobina por imponer un Estado centralista. No es ya que defiendan el café para todos; es que han decidido que todos nos tomemos un cortado.