JORGE CALERO

La corrupción suele provocar un rechazo de índole moral, que verbalizan incluso los que la practican. Pero creo que muchos ciudadanos no son plenamente conscientes de las implicaciones, en términos de costes económicos, de las prácticas corruptas. De no ser así, no sería comprensible la tibieza con la que el electorado (especialmente el de partidos conservadores) responde a casos comprobados de corrupción generalizada. Pensemos, por ejemplo, en el ciudadano que paga 20.000 euros de más (seamos optimistas) al comprar su vivienda. Una cantidad que se ha incorporado como un coste más del proceso productivo de la vivienda. O en el consumidor que tiene que afrontar un mercado poco o nada competitivo porque la corrupción ha puesto barreras insuperables a los posibles ofertantes adicionales. Situaciones que muchos consideran ya como parte del paisaje, sin relacionarlas directamente con la corrupción. Aunque no es ni remotamente posible efectuar una estimación de la proporción de la inflación provocada por la corrupción, resulta claro que esta no debe ser desdeñable.

Más allá de la incomodidad moral que produce, la corrupción causa sustanciales pérdidas económicas que ni mucho menos se limitan al incremento de los precios. En un contexto globalizado, por ejemplo, la inversión extranjera se resiente de la percepción de corrupción y puede optar por desplazarse a territorios menos hostiles. Y lo que sucede con la inversión en capital físico sucede también con el capital humano: el talento no se siente especialmente atraído por el cenagal del cohecho y la comisión. Otros costes son incluso más evidentes, en tanto que conducen a la parálisis completa. En entornos dominados por la corrupción, por ejemplo, las administraciones públicas llegan a preferir no convocar ninguna licitación, o las mínimas posibles, con objeto de no correr demasiados riesgos.

En ocasiones se ha planteado la corrupción como el aceite necesario para engrasar pesadas e ineficaces maquinarias burocráticas. Desde este punto de vista la corrupción no generaría costes, sino que, al contrario, reportaría beneficios, evitando trabas y facilitando la actividad de los mercados. Pero ¿qué mercado queda tras la corrupción? Un mercado despojado precisamente de la ventaja que pueden tener los mercados en un mundo ideal: la libre concurrencia sobre bases no políticas. Un mercado “cerrado”; es decir, ningún mercado.

Ya se habrá podido intuir, además, que los costes de la corrupción no se distribuyen homogéneamente entre la población, sino que se concentran en los más pobres. Especialmente en los países menos desarrollados, este extremo tiene consecuencias devastadoras.

En España, la existencia de diversos focos no permite concluir que la corrupción forme parte estructural y generalizada de la actividad económica, como ha llegado a suceder en otros

países. Cómo evolucione este fenómeno en los próximos años va a depender de la respuesta electoral de los ciudadanos, primeras víctimas de los costes de la corrupción.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada.