La crisis de legitimidad del Estado español: causas y consecuencias

Cuando volví del exilio me encontré con un establishment profundamente conservador que gobernaba España, que estaba inmerso en una enorme complacencia, traducida en aquella famosa frase del presidente Aznar de que “España va bien”, a la cual se añadía la frase del entonces presidente Pujol (representante del establishment catalán), de que “Catalunya va incluso mejor”. Soy hombre de datos, y me paso la mayoría de mi trabajo mirando y analizando datos económicos, políticos y sociales de los países en los que vivo y de otros que asesoro. Y los datos que yo veía no mostraban ni que España estuviera bien ni que Catalunya estuviera mejor. En realidad, España iba mal y Catalunya iba incluso peor.

Ello motivó que escribiera el libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país que, al recibir el Premio Anagrama de Ensayo, hizo que se conociera extensamente en círculos políticos y mediáticos de España. Recibí bastante abuso, sin embargo, no sólo, como era predecible, por parte de las derechas, sino también por parte de algunos protagonistas de la Transición de la dictadura a la democracia, que se consideraron personalmente molestos, pues en mi libro señalaba que este proceso de Transición, en lugar de ser modélico, había sido profundamente inmodélico, pues el producto que había producido –la democracia y el Estado del Bienestar- eran claramente limitados e insuficientes. La Transición había ocurrido bajo el dominio de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios. Y tales fuerzas continuaron teniendo una gran influencia en las instituciones, no sólo económicas y financieras, sino también políticas y mediáticas, lo cual explicaba el enorme retraso social de España (todavía hoy, treinta y cuatro años después, tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15) y la no resolución del carácter plurinacional del Estado español (llegando incluso al extremo que se asignaba al Ejército bajo la dirección del Rey, la función de garantizar la unidad de España, transformando tal aparato del Estado en un aparato de seguridad interna).

He documentado extensamente las consecuencias negativas de tal dominio conservador sobre la España Social en mi libro, El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias. No hay lugar a duda que este subdesarrollo social se debe a este dominio conservador en las instituciones del Estado. La evidencia es abrumadora. Ni que decir tiene que la socialdemocracia española corrigió parte del retraso social de España, pero su vocación reformadora, activa en muchos sectores sociales, fue profundamente moderada en las áreas de política económica y fiscal. Y en la reforma del Estado, su federalismo se quedó a nivel narrativo, sin ningún intento de desarrollarlo.

Los hechos que están ocurriendo ahora en España demuestran la falta de sensibilidad social del Estado español y la nula evolución en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, tal como yo había predicho y denunciado en mis escritos a la vuelta del exilio. Hoy, a lo largo del territorio español, hay protestas día tras día en contra de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Estado español, que están empobreciendo todavía más a la España Social. Nunca antes desde la Transición se había visto tanta agitación social como ahora. Y en Catalunya, nunca antes el desapego de la mayoría de la población con el establishment español, basado en Madrid, había alcanzado niveles tan elevados. Las profundas crisis financieras y económicas han generado una profunda crisis política. Y todas ellas responden a la misma causa: el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato del Estado.

La crisis de legitimidad de las instituciones del Estado

Estamos hoy viendo un creciente malestar, tanto en España como en Catalunya (donde se añade al tema social el tema nacional), que está cuestionando la viabilidad del sistema político fruto de la Transición. Como era de esperar, las fuerzas conservadoras, incluyendo las derechas (aunque también se incluyen voces importantes de las izquierdas), están tomando la Constitución (que sintetizó el desequilibrio de fuerzas durante la Transición) como el texto sagrado que hay que respetar. Es lógico que los movimientos de protesta anti-establishment consideren tal Constitución como una camisa de fuerza que obstaculiza los necesarios cambios que deben realizarse para resolver tanto el problema social como el problema nacional. Las encuestas señalan que la mayoría de la ciudadanía cuestiona la representatividad de las instituciones del Estado, percibiendo tal Estado como una componenda de las élites que dominan los dos partidos mayoritarios, influenciados por poderes financieros y económicos que están imponiendo políticas que nadie ha aprobado en el proceso electoral. De ahí su enorme crisis de legitimidad, que tales élites todavía no han percibido o entendido. Y es lógico y muestra de salud democrática que tales movimientos antiestablishments quieran cambios.

La oposición por parte de las élites gobernantes y de los grupos de presión a estos cambios (cambios que las encuestas muestran que son deseadas por la mayoría de la población) refleja una postura profundamente antidemocrática. Tal oposición también muestra la falta de credibilidad de los argumentos que se han estado utilizando por el establishment español, basado en Madrid, durante todos estos años. Solo hace unos meses se impusieron cambios de la Constitución, como el Pacto Fiscal (que prohíbe al Estado español tener déficit público) y que condenan al país a continuar a la cola de la Europa Social, sin que la ciudadanía haya tenido ninguna voz en tales medidas. Y todo ello se hizo porque el capital financiero (europeo y español) así lo dictó a tales élites gobernantes.

Y ahora, las mismas élites niegan que pueda tocarse la misma Constitución alertando que el Ejército pueda intervenir si se intenta hacer realidad lo que en teoría dicen que se acepta, la plurinacionalidad del Estado español. Si se considera a Catalunya como una nación (como la narrativa oficial insinúa, llamándola nacionalidad) ¿cómo puede entonces negarse al pueblo de una nación que se exprese sobre su propio futuro? La unión en un país tiene que basarse en un acto voluntario, no forzado. La unión actual está garantizada por la fuerza del mismo Ejército que muchos consideran heredero del golpista de 1936. ¿Cómo se puede defender esta situación, garantizada por las Fuerzas Armadas, según la cual éstas son las que deben defender tal unión? Se equivoca Jorge Martínez Reverte cuando en su artículo “No habrá más Cu-cuts”, El País (08.10.12), define a las Fuerzas Armadas como las continuadoras de aquellos sectores militares que en un momento histórico –dice él- defendieron la legalidad republicana. Todos los indicadores muestran lo contrario. Las amenazas procedentes de estamentos militares (sin ninguna corrección o sanción por parte del gobierno Rajoy) a los movimientos que piden el poder de decisión de la población en Catalunya, muestran que poco se ha cambiado de su prepotencia y nula sensibilidad democrática. Y esta vez, el golpe militar, si es que ocurriera, se presentaría en defensa de la Constitución que, en realidad, solidificó su dominio.

Creerse que la Constitución refleja la libre voluntad de los españoles es ignorar el deseo existente entre la población, en aquel periodo, de terminar con la dictadura, al coste que fuera. Pero las nuevas generaciones, educadas en un mayor nivel de exigencia democrática, no ven la Constitución y la estructura de poder que refleja, con los mismos ojos que sus antecesores. Éstos últimos, al votar la Constitución, mostraron su hartazgo con la dictadura. La agitación social actual a lo largo del territorio español, muestra hoy el hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, y su Constitución, que perciben que no responde a sus necesidades.

Los indicadores de la insensibilidad democrática

Se me ha dicho miles de veces por los defensores de la Constitución, que el Rey, jefe de las Fuerzas Armadas, está sujeto al mandato popular. Si ello fuera así, ¿por qué entonces se amenaza con la intervención militar, tal como se afirma cuando se subraya con toda contundencia que Catalunya nunca podría conseguir su independencia? Algunas voces (algunas sutiles, otras bien claras), están amenazando con la utilización de la fuerza. No soy independentista, pero como demócrata defenderé siempre el derecho de la población que vive y trabaja en Catalunya de decidir, incluso para alcanzar su independencia. Si el pueblo catalán votara en unas elecciones democráticas (que deberían incluir la defensa de todas las opciones en sus medios públicos, lo cual no está ocurriendo ahora) con amplia mayoría, por su independencia, oponerse a ello por la fuerza sería un golpe antidemocrático, se hiciera como se hiciera, incluso si se hiciera legalmente. La ley refleja y sintetiza siempre unas relaciones de poder. Y estas relaciones pueden y deben cuestionarse si son antidemocráticas.

El miedo a la democracia explica la oposición, también antidemocrática, de que haya un referéndum en que la población catalana escoja su destino (o que haya un referéndum en España para que se permita a la población que diga su parecer sobre las políticas llevadas a cabo por el gobierno central -o por la Generalitat de Catalunya- sin que tuvieran el mandato para que las hicieran). Yo intentaré convencer a mis compatriotas catalanes que no voten por la independencia (aunque tengo que admitir que la continua resistencia a tener este referéndum por parte de las izquierdas españolas, está debilitando mi compromiso a adoptar tal postura). ¿Cómo puede el establishment español, basado en Madrid, acusar de victimismo a las fuerzas políticas catalanas cuando se les niega el poder de decisión, como consta, entre estos hechos, en la referencia a las Fuerzas Armadas como garantes de tal unión? ¿Es que no se acuerdan de que las Fuerzas Armadas fueron las que brutalmente ocuparon Catalunya, prohibiendo la expresión de su identidad? Deben darse cuenta de que la resistencia a que la población catalana exprese su deseo la está radicalizando. Si se hubiera aprobado el Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya no estaríamos ahora donde estamos. Si continúa negándose ahora el referéndum, serán ellos los responsables de unos años de enormes tensiones.

Dos últimas observaciones. Durante años y años, el Sr. José Bono fue uno de los personajes del establishment español, basado en Madrid, que constantemente se opuso a las peticiones catalanas de que se corrigieran las injusticias que el Estado español estaba perpetrando contra Catalunya. El Sr. Bono continuamente desmereció y trivializó tales peticiones definiéndolas como fruto del “victimismo” que caracterizaba –decía él- al nacionalismo catalán (olvidando, por cierto, que eran las izquierdas catalanas las que con mayor contundencia hicieron tales peticiones). Y como el Sr. Bono, miles y miles de voces del establishment español. Pues bien, ahora, por fin, el Sr. Bono ha admitido que estaba él equivocado. En sus memorias señala que fue un error el establecimiento del “café para todos”, pues “era legítima y justa la demanda de los catalanes”. Por mera coherencia, sería necesario que el Sr. Bono, que es profundamente católico, pidiera perdón por haber contribuido tanto a crear en España una imagen falsa de Catalunya.

La otra observación es a los movimientos de protesta, tanto en Catalunya como en España. A los primeros, de carácter independentista, les aconsejaría que se dieran cuenta de que su hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, es ampliamente compartido en España. Y aunque las soluciones son distintas, comparten intereses y objetivos con las protestas españolas, por lo que sería un enorme error caer en antagonismos, pues estos movimientos españoles –la génesis de una nueva España- serán de una enorme importancia para el futuro de Catalunya. Sin complicidades con fuerzas españolas, su labor será mucho más difícil. De ahí que deberían denunciar los insultos a la población española, como los presentes en el artículo del dirigente independentista Alfons López Tena, escrito en Público (“El rey felón”, 19.10.2012), que ofendía a la población española, expresando, además, una enorme ignorancia. Acusó nada menos que al presidente de la República Española Manuel Azaña de haber dicho que a Barcelona se la tenía que bombardear cada cincuenta años. En realidad, fue el General Espartero el autor de la frase que López Tena maliciosamente atribuye al presidente Azaña, el cual precisamente criticó al general Espartero por tal declaración. Tal personaje ignora que Manuel Azaña, presidente de la República, defendió la autodeterminación del pueblo catalán. Y es más, añadió que en caso de que fuera la decisión de separarse de España, él deseaba que continuaran los dos Estados siendo amigos y valorando su pasado común. El comportamiento de este personaje, López Tena (la caverna catalana, es la más semejante que existe a la caverna española), debería denunciarse, y especialmente, por los propios independentistas, pues tienen que darse cuenta de que con españoles como Azaña, Catalunya no habría tenido tantos problemas como ha tenido. Catalunya necesita aliados, que existen en España, en contra de lo que, manipuladamente, se está informando y afirmando en Catalunya en sectores independentistas. Todos los que queremos cambiar Catalunya y España necesitamos aunar nuestros esfuerzos, pues sin la mayoría de la población, a los dos lados del Ebro, no se podrá cambiar lo que se tenía que haber cambiado en el momento de la Transición.