Andalucía se ha propuesto tomarse en serio el asunto de la vivienda. No el asunto de la vivienda en general, sino el asunto de la vivienda y los pobres en particular, que es un asunto poco o incluso nada cotizado en el desacreditado mercado de valores de la democracia española. La consejera cordobesa Elena Cortés cree que se puede hacer algo para remediar el doble y escandaloso hecho de que haya casas sin gente y gente sin casas. Y en ello está.

La titular de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía no persigue una revolución para revolucionar el mundo mundial de la vivienda y la construcción, sino algo bastante más modesto cuyo principal mérito político reside, ante todo, en el hecho mismo de intentarlo. El Gobierno andaluz ha aprobado hoy un decreto ley para favorecer el alquiler de viviendas vacías a través, por una parte, de ayudas a propietarios particulares y, por otra, de sanciones y expropiaciones a los bancos e inmobiliarias, titulares de al menos el 50% de un parque residencial desocupado cuyo volumen oscila entre los 700.000 y el millón de inmuebles.

No pondría la mano en el fuego apostando a que la iniciativa funcionará. Pero sí la pondría apostando a que la Junta está haciendo lo que hay que hacer, haciendo lo poco que el Dinero le deja hoy hacer a la Política: apurar la letra y el espíritu de las leyes para combatir a los poderosos y ayudar a los necesitados, pues de lo que se trata, en definitiva, es de saber si en la gestión de un bien social como la vivienda manda la Banca o manda la Política. De eso se trata: de saber si del artículo 33 de la Constitución es verdad sólo el primer punto que reconoce “el derecho a la propiedad privada y a la herencia” o si es verdad también el punto segundo que pone límites al anterior con este enunciado: “La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.

Lo peor que puede ocurrir, en caso de que la iniciativa andaluza fracase, es que nos quedemos como estamos y que esos cientos de miles de casas continúen vacías, pero dado que para quedarnos como estamos siempre estamos a tiempo, nada se pierde con intentar cambiar las cosas. En estos tiempos en que las arcas públicas están exhaustas una de las pocas cosas que cabe hacer es explorar los rincones, lagunas, recovecos y escondrijos de las leyes en busca de algún remedio que aligere el dolor de la gente y dé alas a su maltrecha esperanza de volver a ser quien fue.

¿Se estrellará el decreto andaluz en los tribunales o en cualquier otro insalvable escollo? ¿Será torpedeado por los bancos o saboteado por las inmobiliarias? Podría ser, pero ¿y qué? Tampoco va a arder Troya por haberlo intentado. Ya nos gustaría poder ponernos estupendos y proclamar en tono épico que si Grecia hizo su guerra en pos de Helena de Troya, Andalucía hará la suya inspirada por Elena de Córdoba. Pero no será para tanto. En estos malos tiempos lo único que le pedimos a la Política es que intente volar por encima de sí misma, que intente demostrar a los ciudadanos que un Gobierno elegido por ellos es capaz de mandar más que esos bancos a los que nadie ha votado jamás. Y si no de mandar más que ellos, al menos de intentarlo. Como diría el también desventurado don Juan Tasis en uno de sus sonetos más célebres a propósito de otra cosa: “Derrita el sol las atrevidas alas/ que no podrá quitar al pensamiento/ la gloria, con caer, de haber subido”.