FRANCISCO BALAGUER

En el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, han quedado en evidencia sus limitaciones como instrumento normativo de Gobierno de la Unión Europea. Ya habíamos advertido (Consejo Editorial de 02-01-2009) que el tratado venía con años de retraso, unos años perdidos que tienen una dimensión temporal mayor, teniendo en cuenta el ritmo acelerado de la globalización. Las propuestas de reforma pendientes, aunque limitadas, indican claramente que el tratado no permite dar respuesta, en su formulación actual, a los problemas que tiene la UE.

La crisis económica ha puesto de relieve la situación dramática en la que se están moviendo los países que han optado por una mayor integración a través del euro. Para expresarlo en pocas palabras, nos encontramos con estados que carecen ya de las competencias que les permitirían afrontar la crisis mientras que –esto es lo realmente dañino– la Unión Europea no tiene todavía las competencias que necesitaría para frenar la presión de los especuladores y contener a los mercados.

Durante 50 años, el proceso de integración de la UE resultó muy útil a los estados europeos para hacer frente al proceso de globalización. Sin embargo, la respuesta parcial y tardía de las reformas incorporadas al Tratado de Lisboa está pasándonos factura ahora. La reacción política tampoco ha sido muy afortunada: a los lamentables falseamientos contables de Grecia se unen las indecisiones iniciales de Alemania o los recientes intentos de Irlanda de mantener posiciones de privilegio.

Ningún Estado parece haber entendido que no hay alternativas reales a la integración europea en el contexto de la globalización. Al mismo tiempo, los estados siguen empeñados en negar el espacio de debate democrático a la ciudadanía al rechazar las alternativas al modelo de integración seguido hasta ahora. Antes bien, como hemos tenido ocasión de ver en la Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la conciencia democrática se refugia en el plano nacional aceptando las limitaciones del espacio público europeo.

La crisis económica pudiera tener, sin embargo, algún aspecto positivo: si la ciudadanía europea comprende que comparte –se quiera o no– un destino común, quizás pueda servir para aprender de los errores, que es a lo único a lo que podemos aspirar, por el momento.

Francisco Balaguer es Catedrático de Derecho Constitucional