Tiene narices que a una chica que quiere estudiar se le impida asistir a clase en Pozuelo (Madrid) por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, mientras las mentes más lúcidas del país están embarcadas desde hace meses en la consecución de un pacto educativo que evite la escandalosa cifra del 30% de abandono escolar con la que España destaca vergonzosamente entre sus socios de la Unión Europea.

Tiene guasa que el Gobierno de Esperanza Aguirre esté ocupado en este relevante asunto de la cobertura de las cabezas del alumnado al tiempo que mantiene sobrefinanciados a los colegios católicos en la Comunidad de Madrid, donde el único presupuesto educativo que crece es el que va destinado a financiar la enseñanza privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia. Donde los chavales no podrán tener ordenadores en los colegios porque a la señora Aguirre le molesta que el proyecto de Escuela 2.0 sea una idea de Zapatero. Donde se evalúa a los centros educativos con exámenes-trampa para que los privados encabecen un ránking que se prometió mantener en privado, pero que se publicita cada año porque sigue siendo un método propagandístico infalible para llevar más alumnado a la privada.

No consta que en esta popular autonomía (ni en el resto del país) se haya enviado jamás a casa a un chaval por llevar colgando al cuello un crucifijo, símbolo religioso con el aún muchos nos vemos obligados a convivir en escuelas y otros espacios públicos.

El hiyab ni impide la identificación de la mujer que lo lleva ni es comparable a las capuchas o gorras que el centro quiso evitar con un reglamento promulgado para atajar la proliferación de peligrosas bandas juveniles, es decir, para mantener la disciplina. Así que el caso de Najwa, de la que tampoco consta más rebeldía que la de reivindicar sus creencias, sólo puede verse como un intento de discriminación religiosa que la Comunidad de Madrid está aprovechando para alimentar un conflicto con la comunidad musulmana.

El instituto Camilo José Cela de Pozuelo discute hoy si levanta la prohibición a Nawja para que pueda seguir estudiando allí. Ya hay tres estudiantes que se han tapado la cabeza en solidaridad con su compañera. Del centro depende establecer si quiere preservar el derecho a la escolarización, como defiende un Ministerio de Justicia que ha sido incapaz en dos años de redactar una Ley de Libertad Religiosa que aclare estas situaciones, o se deja embarcar por quienes aprovechan este caso para engordar la ola xenófoba.