JORGE CALERO

La Comunidad Autónoma de Madrid anunció recientemente una reforma en profundidad de los criterios para la concesión de su cheque bebé. Anteriormente, se concedían 100 euros por cada hijo. Con los nuevos criterios, las familias recibirán 300 euros únicamente si tienen tres o más hijos y pasan por dificultades económicas. La justificación para la reforma, formulada por la presidenta Esperanza Aguirre, se basa en que “los recursos públicos hay que mirarlos con lupa”.

El antes y el después del diseño del cheque bebé en la Comunidad de Madrid nos definen dos formas muy diferenciadas de política social de apoyo a la familia. El diseño previo proporcionaba un apoyo extremadamente modesto, pero universal, orientado a incentivar la natalidad. El nuevo diseño tiene un carácter de “asistencia” para pobres con prole abundante. La transición entre un diseño y otro no deja lugar a las dudas: los nuevos criterios se aplican de forma retroactiva a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Se rompe, por tanto, otro elemento importante de la política social: su carácter predecible. Obviamente, no es usual que alguien decida tener un hijo en función de 100 euros, pero la continuidad de las prestaciones emite señales que las familias identifican como favorables a la natalidad, señales de que la sociedad está ahí para prestar algún apoyo.

Además del cambio cualitativo señalado, la reforma supone un cambio cuantitativo notable. Piénsese que el número de hogares con tres o más hijos es muy reducido, en torno al 10% de las familias con hijos. La reforma provoca, por tanto, una reducción sustancial del apoyo a las familias más que cuestionable en el contexto actual. La crisis económica, previsiblemente, reducirá de nuevo la tasa de natalidad, que había repuntado ligeramente en los últimos años impulsada por el crecimiento económico. Justo cuando más se necesita un apoyo sistemático a la natalidad, aflora en el Gobierno de la Comunidad de Madrid esa orientación de las prestaciones como beneficencia, como un favor que se hace a los casos extremos. ¿Debemos extrañarnos? Creo que más bien no, en tanto que esa y no otra parece ser la política social con la que el Partido Popular se siente más cómodo.

Una política social que trascienda esa visión cercana a la beneficencia debe partir de la idea de que no se trata de hacer un favor a los más necesitados, sino que determinadas acciones, con independencia de quién las lleve a cabo, suponen un favor para el conjunto de la sociedad. Un ejemplo muy claro lo tenemos, también, en las becas educativas: durante muchos años estas han arrastrado una orientación asistencial. Ya desde hace tiempo, los datos (muy tozudos) nos señalan en otra dirección: son los estudiantes que continúan estudiando después de la educación obligatoria los que no solamente se hacen un favor a sí mismos, sino que nos lo hacen también a todos.

Esta crisis está poniendo en situación de emergencia a muchas zonas de nuestra economía, y el estado del bienestar no va a ser una excepción. La presidenta Aguirre tiene razón cuando señala la necesidad de mirar con lupa los recursos públicos. Pero eso, más que hacernos retroceder hacia la beneficencia, debería servir para consolidar y ampliar modelos avanzados de apoyo a la familia. Cien euros pueden parecer anecdóticos, pero su ausencia constituye toda una señal.

JORGE CALERO es Catedrático de Economía Aplicada