Ramón Cotarelo

La responsabilidad democrática no se agota en la obligación de dar cuenta ocasional y extraordinaria en sede parlamentaria de los actos políticos de los gobernantes y administradores públicos. Abarca también un deber permanente y continuo de las autoridades de rendir cuentas de sus actos ordinarios, sobre todo los de carácter económico, a petición de la ciudadanía o de cualquier instancia legítima de la sociedad civil. Es el puntal mismo del principio de publicidad, sin el cual toda democracia se convierte en un régimen opaco y proclive a la corrupción.

Todos los actos de todas las Administraciones públicas (excepto los que estén amparados en la normativa de secretos oficiales) están sometidos al escrutinio de la ciudadanía, para que esta juzgue el comportamiento de sus representantes en función del principio kantiano de que todas aquellas medidas que afecten al interés general y no puedan hacerse públicas son injustas. La Fundación para el Desarrollo Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) es una entidad oscura y misteriosa (tanto que hasta carece de página web), de actividad errática e imprecisa, presidida por Esperanza Aguirre y que puede haber sido cauce para una financiación ilegal de sus campañas electorales a través de un mecanismo aparentemente corrupto. Algunos empresarios, en especial el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pueden haber canalizado cuantiosos donativos al PP a través de la fundación, siendo luego compensados con creces a través de la adjudicación directa de contratos públicos. En ambos casos, posiblemente, se ha procedido en fraude de ley, burlando tanto la Ley Orgánica de Régimen Electoral General como de la de Contratos del Sector Público.

El comportamiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid que han negado información sobre las cuentas de Fundescam y obstaculizado el acceso de este periódico al conocimiento de su facturación –que es pública– es, por lo menos, una falta del deber de rendición de cuentas, cuando no un intento de ocultación deliberada de información. Esta sólo ha podido obtenerse mediante requerimiento notarial, algo que pone a la Administración al nivel de la mafia. El desprecio y la insensibilidad con que la comunidad ha venido tratando este asunto en el que intervienen la presunta corrupción y la financiación ilegal del partido, así como todos los que ensombrecen su gestión, que son abundantes –desde el supuesto espionaje hasta las implicaciones en la trama Gürtel y las dudosas privatizaciones en provecho de intereses particulares–, es testimonio de la actitud autoritaria de su presidenta, que está en las antípodas del liberalismo clásico que dice profesar.

Se acerca mucho, en cambio, a un tipo de gestión clientelar en el que los fondos públicos se manejan para enriquecimiento de los allegados, que luego devuelven parte del favor mediante generosos donativos a las arcas electorales, cuando no en forma de tradicionales mordidas. Todo un ejemplo de lo que un Gobierno democrático, transparente y escrupuloso con las cuentas públicas no puede ser.

Catedrático de Ciencias Políticas