El principal argumento de quienes defienden que Garzón sea apartado de la carrera judicial es muy sencillo: “No se le juzga por querer abrir las fosas del franquismo sino por haber cometido prevaricación judicial”. A partir de esta premisa, sostienen que el magistrado de la Audiencia Nacional dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, “pasándose por el forro la Ley de Amnistía de 1977”.

Por supuesto, los numerosos partidarios de juzgar al juez conocen por ciencia infusa las intenciones que movían a Garzón. Para ellos, todo aquel que discrepe de su anticipada condena cumple al menos dos requisitos: 1.- No tiene ni idea de Derecho y 2.- Participa en una campaña política. Para militar en este ejército exterminador de jueces-estrella no es preciso leer los artículos 446 y 447 del Código Penal, que concretan el delito de prevaricación judicial; da igual que la Ley de Amnistía sea anterior a la propia Constitución Española de 1978; no importa que en las resoluciones de Garzón no haya habido ningún perjudicado; ni que la fiscalía considere que no existe prueba alguna de intereses espurios en las decisiones tomadas por el magistrado; ni que los querellantes sean ultraderechistas; ni que los crímenes contra la humanidad merezcan una aplicación de la justicia incompatible con “pactos de silencio”... Aquí lo único que importa es que Garzón no vuelva a instruir un sumario. Porque, además, “siempre ha sido un pésimo instructor”. ¡Lo que saben!