RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Que el Congreso no haya consensuado una declaración sobre el Estatut de Catalunya luego de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) tampoco es tan grave. No es evidente que la cámara representativa deba pronunciarse sobre las decisiones del citado tribunal, teniendo en cuenta que una declaración parlamentaria sólo añadiría confusión a la ya creada por la sentencia. Porque el problema reside en que el Tribunal haya de decidir sobre cuestiones que lo superan, pues son de calado político y deben resolverse en sede política. Se dirá que el TC es en realidad un órgano político. Pero un órgano político que se expresa mediante sentencias es algo muy peligroso si estas son insuficientes o injustas o simplemente carentes de sentido.

No hay un solo criterio objetivo que permita definir la nación. La nación es un sentimiento, una “conciencia”, algo que se da en el terreno subjetivo. Y resulta absurdo legislar o sentenciar sobre sentimientos. En la medida en que la sentencia entra en asuntos simbólico-sentimentales plantea problemas que no tienen solución. Negar a los catalanes la condición nacional no solamente es innecesario e injusto, sino también

inútil y contraproducente desde el punto de vista de quienes sostienen que en España no hay más nación que la española.

España es sin duda una nación porque así lo siente una inmensa mayoría de españoles, entre los cuales los hay con muy diversas conciencias e identidades nacionales. ¿Qué tipo de nación es la española? Una que

engloba a otras naciones y que también se expresa a través de ellas, puesto que, así como la Generalitat es el Estado español en Catalunya, la nación catalana es la nación española en esa tierra y se expresa en catalán. Cierto que parte del nacionalismo catalán es independentista y quiere un Estado propio para Catalunya en virtud del principio de las nacionalidades. Pero eso no se contrarresta negando eficacia jurídica al Preámbulo del Estatut, porque los principios políticos son activos aun sin contar con eficacia jurídica.

Por el contrario, la nación española alcanzaría todo su esplendor si de ella pudiera predicarse el principio liberal por excelencia, el que define el único gobierno legítimo como aquel que lo es por consentimiento de los gobernados. Igual que sólo será sólida la nación de la que se forme parte voluntariamente y no a la fuerza.