Lo mínimo que cabe esperar tras el accidente en la planta nuclear de Fukushima, en Japón, es que los defensores de la energía atómica admitan la gravedad de la situación (algunos siguen negándola) y sometan a examen la validez de sus convicciones. El debate sobre la conveniencia o no de este tipo de energía ha sido constante desde su implantación hace medio siglo, pero ayer se reabrió con especial fuerza ante lo que muchos expertos consideran la mayor catástrofe atómica desde Chernóbil. La decisión de la canciller Merkel de desconectar las centrales más antiguas y suspender durante al menos tres meses el plan nuclear que su Gobierno aprobó en septiembre pasado, más el diagnóstico inquietante de la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa sobre lo que ocurre en Japón, tienen especial relevancia por tratarse de dos países que han apostado firmemente por la energía nuclear. El Gobierno de Zapatero, que llegó a la Moncloa con un compromiso inequívoco por las energías alternativas, debería poner fin de una vez por todas a sus escarceos nucleares, como la concesión de licencias para prolongar la actividad de plantas atómicas o la reciente aprobación de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que permitirá a las centrales funcionar más de los 40 años fijados inicialmente como tope por el proyecto legislativo.

Esta es la discusión más inmediata. Otro debate, mucho más complejo, tendrá que abrirse en algún momento sobre la sostenibilidad del propio modelo de crecimiento, basado en un concepto de progreso y desarrollo que empieza a hacer agua por todos los costados.