La configuración del Estado en España ha sufrido a partir de la actual crisis una transformación tan profunda, que podemos estar ante la desaparición de la forma estado propia de nuestro país en las últimas tres décadas y media.

Desde la constitucionalización del pago de la deuda como principio económico rector con la reforma del artículo 135 hasta la aprobación de la Ley de administración local, asistimos a una rápida disolución de la condición social del Estado en España por parte del bloque de poder, que mediante la abdicación y posterior coronación “exprés” de Felipe VI, intenta entrar en la fase definitiva, de la adaptación del nuevo estado en España a nuestra función definitiva de país periférico en la nueva Europa pos-crisis.

El desplazamiento de la atención hacia la temática constitucional o hacia el debate de la forma de estado, no debe desplazar el análisis de su objeto principal y que en mi opinión es el siguiente: la perpetuación del bloque de poder como bloque hegemónico en nuestro país, requiere en las condiciones actuales, de la disolución del Estado social y democrático de derecho.

La hipótesis que defiendo es la siguiente. El Estado social, Estado democrático y Estado de derecho constituye una estructura unitaria en la que el elemento que prevalece es el Estado social. La transformación y erosión del Estado social exige la transformación y erosión del Estado democrático. Crisis del Estado social que contribuye a su vez, a la periferización de las sociedades en las que se extingue, que como la española, se ve abocada a una profundización de su carácter dependiente de la economía mundial y al ahondamiento de su fractura social y territorial.

En apenas un mes, el tiempo político en España se ha acelerado. Pero de todo lo ocurrido señalaría una serie de decisiones de marcado carácter económico, que vienen a materializar “el giro” hacia la periferia que las élites económicas y políticas quieren dar a nuestro país; me refiero a la venta por parte del Banco Santander al capital asiático del Edificio España en el centro de Madrid, la venta del 49% de AENA al capital privado y las últimas medidas propuestas por la patronal.

En dichas decisiones se marca a la perfección el nuevo modelo económico al que vamos. Por un lado se favorece la salida hacia el centro de capital intensivo en tecnología (privatización de AENA) con vistas a aumentar inversiones en la periferia (España) en fuerza intensiva en trabajo precario (las obras en Plaza España), favorecida por la ingente reserva de mano de obra desempleada en nuestro país. Es la España en venta, donde se van nuestros sectores económicos punta junto a generaciones enteras de jóvenes titulados, para recibir nuevo turismo asiático en los centros urbanos de nuestras ciudades. Es la nueva España precaria y privatizada que pone en venta su patrimonio.

Este proceso requiere en España de la superación del contenido social del Estado. En la fase actual del capitalismo, su incompatibilidad con la democracia se relaciona con la progresiva desaparición de los marcos de decisión, que en la esfera económica, se tomaban desde ámbitos de fuerte protagonismo social. Marcos de decisión en la esfera económica que constituía el núcleo central del Estado social.

Cuando el estado pasó a ser intervencionista y a penetrar en las relaciones de producción, resultó que la toma de decisiones democráticas y sus instituciones, regidas por la regla de la mayoría, pasaron a decidir sobre cuestiones básicas para el proceso económico; y, por otra, la extensión de la democracia hizo que ésta alcanzara nuevos ámbitos, que del ámbito de la persona, de la participación política, pasara al de la propiedad y la producción, alterando la necesaria situación de desigualdad que exigen las sociedades regidas por el mercado.

Favorecidas por la crisis, las élites de nuestro país ven posible dar por terminadas las condiciones que permitieron ámbitos de regulación en las economías de mercado. Agotado el modelo inmobiliario, comienza el momento de la España en venta, donde la privatización es el nuevo mecanismo de atracción del capital y la extinción del Estado social el paso necesario para adaptar nuestro modelo económico a su nueva forma de estado: el Estado periferia.

En cuanto al Estado periferia, dos son las características principales de las formaciones sociales regidas bajo dicho estado: su heterogeneidad en la estructura social y su relación de dependencia.

En relación a la heterogeneidad, la fragmentación de nuestra sociedad alcanza al núcleo central de los sectores que servían de sostén al sistema heredado de la transición, aquellos que dotaban de base popular al extinto consenso nacional de la España bajo economía inmobiliaria, de política bipartidista y de clara vocación pro UE. Me refiero a las capas medias de profesionales y jóvenes titulados relacionados con el sector público, arrojados ahora a su plena inserción masiva en las relaciones laborales precarias hasta ahora reservadas al sector privado. Por otro, la proliferación de asalariados “pobres” fruto del hundimiento del sector servicios y de los efectos de la devaluación salarial y patrimonial.

Por último, la dependencia del mercado mundial determina asimismo la actuación del Estado periférico en cuanto que, como no se desarrolla en forma correspondiente con el proceso productivo interno sino al ritmo que establecen las exigencias de las economías del centro, se ve obligado a que los cambios impuestos por las necesidades de la economía mundial, obliguen también a cambios en nuestra economía en forma de una política económica marcada por el ajuste salarial permanente y el bloqueo permanente a su reindustrialización.

Las élites de nuestro país ya han iniciado una segunda transición. Si la primera terminó con nuestra soberanía económica la segunda puede condenarnos a ser una sociedad periférica. El bloque de poder está decidido a ello. Ahora es el momento de saber si tenemos una izquierda a la altura.